Multa de 1.8 millones sacude a cubano en EEUU por una deportación que dice desconocer
Un migrante cubano identificado como Mario enfrenta en Estados Unidos una multa que ya supera los 1.8 millones de dólares por no haber cumplido una orden de deportación emitida desde 2010, según relató a Telemundo 51. El caso salió a la luz tras una notificación oficial recibida recientemente y en medio de un contexto de mayor presión federal sobre quienes permanecen en el país con órdenes finales de expulsión.
Mario sostiene que nunca recibió un aviso formal sobre ese proceso. De acuerdo con su testimonio, la orden estaría relacionada con un caso penal ocurrido entre 2007 y 2012, pero no vinculado a asuntos migratorios. Según dijo, durante esos años no fue trasladado a audiencias de inmigración ni informado de que existiera un trámite de deportación en su contra.
“Nunca supe nada de esa orden, hasta ahora no entiendo cómo pudo pasar”, declaró al canal. El migrante describió una situación que ha afectado de forma severa su vida diaria desde que recibió la notificación. Aseguró que el impacto ha sido tanto emocional como práctico.
“No puedo dormir ni comer pensando en esto, es una situación imposible”, afirmó en la entrevista. Su relato refleja el nivel de angustia que puede provocar una sanción de ese tamaño, sobre todo cuando la persona sostiene que desconocía por completo la existencia de la orden que ahora sirve de base para la multa.
Especialistas en inmigración consultados en reportes similares han explicado que este tipo de escenarios puede ocurrir cuando una corte migratoria emite una orden en ausencia del acusado. Eso sucede si la persona no comparece a una audiencia, incluso si se encuentra detenida por otro proceso judicial ajeno al sistema migratorio.
En esos casos, el tribunal puede continuar el trámite sin la presencia física del inmigrante. Esa circunstancia ha sido señalada como una de las vías por las que algunas personas terminan con órdenes finales de deportación sin haber participado de manera directa en el proceso o sin entender su alcance legal.
Aun así, expertos legales advierten que existen mecanismos para revisar expedientes de este tipo. Si se demuestra que no hubo una notificación adecuada o que el acusado no tuvo una oportunidad real de defenderse, la estrategia jurídica puede incluir la reapertura del caso migratorio.
Bajo esas condiciones, también podría plantearse la anulación de la sanción económica. Esa posibilidad dependería de que la defensa logre probar fallas en el procedimiento o ausencia de garantías mínimas durante la tramitación inicial del expediente.
La controversia coincide con un endurecimiento de la política migratoria federal. En abril del año pasado trascendió que la administración de Donald Trump había diseñado un plan para imponer multas de hasta 998 dólares diarios a migrantes con órdenes de deportación que siguieran en territorio estadounidense.
Ese enfoque se apoya en una ley de 1996 y contempla la aplicación retroactiva de las sanciones. Bajo ese esquema, las cantidades acumuladas pueden alcanzar cifras millonarias. Además, el plan prevé el posible embargo de bienes a quienes no paguen, como parte del objetivo declarado de acelerar deportaciones masivas.
En medio de ese panorama, también trascendió que el Departamento de Seguridad Nacional anunció una política que permitiría condonar ciertas multas a personas que decidan autodeportarse mediante la aplicación CBP Home. La medida aparece como una salida limitada dentro de un entorno cada vez más restrictivo para los migrantes.
A la par, dos grupos que ingresaron legalmente durante la administración de Joe Biden están siendo presionados para abandonar el país: quienes entraron tras obtener una cita en CBP One y quienes llegaron por vía aérea con parole humanitario. Desde enero de 2023, más de 900.000 personas usaron CBP One para obtener permisos temporales de permanencia y trabajo, mientras que también fue cancelado el parole humanitario concedido a más de 530.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
