En una reciente reunión entre el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y la Asociación de Abogados de Inmigración de América (AILA), se aclararon diversas dudas legales respecto al proceso de parole humanitario, una medida que desde enero de 2023 beneficia a ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. Este diálogo, crucial para entender las dinámicas actuales de inmigración, reveló puntos clave sobre la reunificación familiar y los permisos de viaje, así como las restricciones enfrentadas por los abogados en el proceso.
Según José Guerrero, un destacado abogado de inmigración, y el periodista Daniel Benítez, la negación de permisos de viaje por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) se mantiene sin explicaciones detalladas, limitando la posibilidad de respuesta de los solicitantes. Este hecho pone de manifiesto la necesidad de mayor transparencia y coordinación entre las entidades gubernamentales.
A su vez, la imposibilidad de los abogados para acceder o asistir en la presentación de la forma I-134A limita significativamente el apoyo legal disponible para los solicitantes. A pesar de las dificultades, se abrió la posibilidad de reaplicación para la forma I-134 tras una negación inicial, aunque con advertencias sobre solicitudes duplicadas para el mismo beneficiario.
La promesa de USCIS de realizar una sesión de seguimiento con AILA es un paso adelante para resolver dudas pendientes y mejorar el proceso legal para los beneficiarios del parole humanitario. Este compromiso es especialmente relevante para la comunidad cubana, que ha visto cómo aproximadamente 62.000 de sus ciudadanos se han beneficiado del programa en el último año.
La importancia del parole humanitario se refleja en la reunificación familiar y la integración de los beneficiarios en la sociedad estadounidense, con la posibilidad de obtener permisos de trabajo. El proceso, que atiende hasta 30.000 solicitudes mensuales de visa humanitaria, demuestra la urgencia y la necesidad significativa de los solicitantes.
Con la mayoría de los cubanos llegando a Florida y un tiempo de espera de hasta 11 meses, el programa destaca por su enfoque en la asistencia y el patrocinio necesario para cubrir gastos esenciales en Estados Unidos. Este esquema, que otorga visas por dos años, abre una ventana para la búsqueda de residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano, marcando un camino esperanzador para muchos.
