El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha redoblado sus operativos de deportación en el interior de Estados Unidos, con un enfoque en migrantes con antecedentes penales y aquellos que han violado las leyes migratorias. En los últimos cuatro años, la agencia ha promediado 43.000 deportaciones anuales, y la tendencia se ha acentuado con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
Aunque las expulsiones en la frontera han aumentado, los arrestos dentro del país siguen afectando a miles de inmigrantes, incluidos residentes con visas temporales o incluso titulares de la tarjeta verde. Los motivos de deportación más comunes incluyen el ingreso ilegal a territorio estadounidense, la permanencia más allá del tiempo autorizado en una visa y condenas por delitos como posesión de drogas o armas.
Aunque beneficiarios de programas como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) suelen estar exentos, estos permisos pueden ser revocados, dejándolos en riesgo de deportación. La mayoría de los arrestos realizados por ICE provienen de transferencias de custodia desde cárceles estatales y federales. Cuando una persona es detenida por la policía local, sus huellas dactilares son cotejadas con bases de datos federales.
Si se detecta una violación migratoria, ICE puede emitir una orden de retención para proceder con la deportación. Los arrestos fuera del sistema carcelario, como los realizados en viviendas o lugares de trabajo, son menos frecuentes debido a su alto costo operativo y el impacto mediático.
En 2024, solo el 29% de las detenciones ocurrieron fuera de los centros de detención, evidenciando un enfoque estratégico de ICE en operativos menos visibles.
El nivel de cooperación con las autoridades locales varía según el estado. En las llamadas “ciudades santuario”, las autoridades limitan su colaboración con ICE, reduciendo el número de deportaciones. Sin embargo, en estados con políticas de cooperación activa, las detenciones son significativamente más altas.
Entre 2021 y 2024, el 79% de las deportaciones internas correspondieron a migrantes con condenas penales. México y Centroamérica siguen siendo las regiones con mayor número de expulsados, representando el 87% de las deportaciones de ICE dentro del país.
El presupuesto de ICE para 2024 ascendió a 9.100 millones de dólares, con una fuerza laboral de más de 21.000 empleados, de los cuales 7.700 están dedicados exclusivamente a operaciones de control migratorio. Sin embargo, la capacidad de detención sigue siendo limitada, con solo 41.500 camas disponibles, lo que obliga a liberar a muchos migrantes mientras esperan sus audiencias de deportación.
A pesar del endurecimiento de las políticas migratorias, las deportaciones internas han disminuido en los últimos 15 años, cayendo de 155.000 anuales en el período 2009-2016 a un promedio de 38.000 entre 2021 y 2024. En contraste, las expulsiones en la frontera han aumentado, alcanzando las 224.000 en 2024, reflejando un cambio en la estrategia de ICE hacia la disuasión de cruces irregulares.
No todos los países aceptan de inmediato a sus ciudadanos deportados. Gobiernos como los de China, Cuba, India y Venezuela presentan desafíos adicionales para ICE, ya que suelen rechazar o retrasar la repatriación de sus nacionales. Aun así, en 2024, la agencia logró deportaciones hacia 192 países.
