Panamá liberó este sábado a decenas de migrantes que permanecían retenidos en un campamento remoto tras ser deportados desde Estados Unidos. Las autoridades les concedieron 30 días para abandonar el país, sin ofrecer alternativas legales para su permanencia. La medida deja a los afectados en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad.
Los migrantes, originarios de China, Rusia, Pakistán, Irán, Nepal y otras naciones, fueron deportados bajo un acuerdo entre la administración Trump y Panamá para agilizar expulsiones. Durante meses, estuvieron confinados sin acceso a asistencia legal ni a sus pertenencias, en lo que organizaciones de derechos humanos han calificado como un “agujero negro” migratorio.
Bajo la presión de activistas y abogados, el gobierno panameño procedió a liberar a los extranjeros, aunque sin ofrecerles una solución definitiva. Al salir del campamento, muchos de ellos se encontraron sin recursos ni un destino claro. Panamá no acepta solicitudes de asilo de estos migrantes, y sus intentos de ingresar nuevamente a Estados Unidos parecen imposibles.
Los testimonios de los liberados revelan condiciones extremas dentro del centro de detención. Hayatullah Omagh, un afgano de 29 años, describió la falta de alimentos y las temperaturas insoportables. “Solo quería ser libre”, afirmó. Como él, muchos otros migrantes aseguraron que se les negó el derecho a solicitar asilo en EE.UU., dejándolos atrapados en un país que no les ofrece protección.
Algunos denunciaron represalias contra quienes protestaban. Relataron el caso de un ciudadano chino que realizó una huelga de hambre durante una semana y de un motín frustrado cuando un detenido exigió la devolución de su teléfono. Según los testimonios, las autoridades panameñas habrían reprimido estas manifestaciones.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Carlos Ruiz Hernández, reconoció que la mayoría de los migrantes no quiere permanecer en el país. “Quieren ir a Estados Unidos, pero su regreso no es una opción”, sentenció. La afirmación subraya la falta de soluciones para los deportados, quienes ahora dependen de organizaciones humanitarias para encontrar refugio temporal.
Grupos defensores de derechos humanos han criticado el convenio entre Panamá y EE.UU., señalando que convierte a la nación centroamericana en una extensión del sistema de deportaciones estadounidense. “Están externalizando las expulsiones sin garantizar derechos básicos a los migrantes”, alertaron abogados y activistas.
Entre los migrantes liberados hay varios en estado crítico. Un hombre llevaba más de una semana vomitando, otro, diabético, no había recibido insulina, y una persona con VIH denunció semanas sin tratamiento. Estas condiciones han sido señaladas como negligencia por parte de las autoridades panameñas.
Algunos deportados buscan alternativas para salir del país, pero las opciones son escasas. Nikita Gaponov, un ciudadano ruso de 27 años que huyó de la represión contra la comunidad LGBTQ+ en su país, expresó su desesperación. “No me dejaron pedir asilo en EE.UU. Hoy dormiré en el suelo”, lamentó tras llegar a una terminal de autobuses en Panamá.
Otros migrantes intentan contactar a familiares en el extranjero o encontrar países dispuestos a recibirlos. Sin embargo, la mayoría carece de documentos y dinero para emprender un nuevo viaje. Para muchos, la única opción es permanecer en Panamá hasta que las autoridades los obliguen a salir.
Mientras tanto, organismos humanitarios han hecho un llamado a la comunidad internacional para ofrecer apoyo a los migrantes. Advierten que la falta de una respuesta coordinada dejará a cientos de personas en una situación de riesgo, sin acceso a vivienda, salud ni oportunidades de regularización.
La crisis migratoria sigue escalando en la región, y la liberación de estos deportados en Panamá es solo un capítulo más en el complejo panorama de las políticas migratorias impuestas por EE.UU. y sus aliados. Para los migrantes, la incertidumbre persiste: han salido de la detención, pero siguen sin un destino claro.
