
El gobierno cubano prorrogó hasta el 31 de enero de 2026 la exención arancelaria para la importación de alimentos, medicamentos y productos de aseo, siempre que se realicen sin fines comerciales y por pasajeros con equipaje acompañado.
La decisión, publicada en la Gaceta Oficial No. 59 Extraordinaria, permite seguir entrando estos artículos sin límite de cantidad ni pago de aranceles. La medida busca atenuar la escasez de productos básicos en la Isla.
La prórroga amplía el plazo previamente fijado hasta el 30 de septiembre de 2025. Con ello, los viajeros mantendrán el esquema excepcional al menos cuatro meses más.
Según el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso, también se mantiene hasta esa fecha la importación de plantas eléctricas con potencias superiores a 900 W, “teniendo en cuenta la situación del Sistema Eléctrico Nacional”.
El gobierno adoptó esta normativa tras las protestas del 11 de julio de 2021, presentándola como respuesta a un escenario de emergencia. Su continuidad intenta contener el descontento social frente a la carestía.
Sin embargo, la crisis no ha mostrado señales de mejora desde su implementación. De acuerdo con lo expuesto, la escasez se ha agudizado, lo que limita el alcance real de la exención.
Además, la mayoría de los cubanos no se beneficia de la medida al no tener acceso a viajes o remesas. La importación por pasajeros exige recursos que gran parte de la población no posee.
El deterioro del sistema eléctrico agrava el panorama. La semana pasada, Cuba sufrió el quinto apagón general en menos de un año tras la salida imprevista de la CTE Antonio Guiteras, dejando a todas las provincias sin servicio.
El colapso energético impacta de forma directa el suministro de agua. Millones de ciudadanos enfrentan afectaciones parciales o totales, según ha reconocido el propio gobierno.
La situación ha detonado protestas en distintas localidades. En Gibara se reportaron detenciones y un operativo represivo de las autoridades.
Al menos siete personas fueron arrestadas por agentes policiales y de la Seguridad del Estado, en un contexto de mayor tensión social.
La extensión de la exención arancelaria intenta amortiguar los efectos inmediatos de la crisis, pero no resuelve los problemas estructurales que sostienen la escasez y los servicios inestables.