Estados Unidos ha iniciado un proceso para imponer severas sanciones a Nicaragua, que podrían incluir la expulsión del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (CAFTA). La decisión, que podría tener un impacto devastador en la economía nicaragüense, surge debido a las políticas autoritarias del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que incluyen violaciones a los derechos laborales y a las libertades fundamentales.
Según Telemundo 51, la investigación sobre la posible expulsión de Nicaragua del CAFTA será liderada por la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, y de concretarse, afectaría gravemente las exportaciones del país, que dependen en gran medida del comercio con Estados Unidos.
Desde 2006, Nicaragua ha sido parte de este acuerdo, pero las constantes restricciones a las libertades fundamentales y el debilitamiento del Estado de derecho por parte del régimen orteguista podrían llevar a la suspensión de los beneficios del tratado.
Las sanciones que se proponen incluyen la posibilidad de imponer aranceles de hasta el 100% sobre las exportaciones nicaragüenses. Según Eliseo Núñez, analista político nicaragüense, esta medida podría tener un impacto devastador: “Es básicamente una caída en picada del país, porque, a diferencia de Venezuela, Nicaragua no tiene petróleo ni minerales grandes que puedan compensar la pérdida de exportaciones o la falta de competitividad”.
El economista y ex preso político Juan Sebastián Chamorro también advirtió sobre las graves consecuencias de esta decisión: “Definitivamente, van a sacar de la capacidad de ser competitivo a Nicaragua frente a otros países de la región, incluso de otras partes del mundo”.
Más del 60% de las exportaciones de Nicaragua tienen como destino a Estados Unidos, y sectores clave como el café, los textiles, el tabaco y la carne se verían severamente afectados.
Las zonas francas, que representan el 20% de los cotizantes al sistema de pensiones de Nicaragua, también enfrentarían consecuencias devastadoras. La posible desaparición de estas zonas podría ocasionar el colapso del sistema de pensiones del país, lo que añadiría una crisis social a la económica.
El gobierno de Ortega y Murillo ha consolidado su poder mediante reformas, como la que permite a Rosario Murillo asumir el control del Ejército del país. Además, la Asamblea Nacional aprobó en enero una reforma constitucional que la nombró copresidenta de Nicaragua, consolidando aún más su influencia en la política nacional.
El período de consulta pública sobre estas sanciones finalizará el 19 de noviembre, antes de que Washington emita una decisión final. Las medidas podrían aplicarse de manera inmediata o gradual, generando una incertidumbre económica que afecta tanto a la población nicaragüense como a los sectores empresariales.
