La Fiscalía General de la República de Cuba ha presentado cargos formales contra Alejandro Miguel Gil Fernández, exviceprimer ministro y exministro de Economía y Planificación, tras una exhaustiva investigación que lo involucra en varios delitos graves, como espionaje, malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias y lavado de activos.
Según lo dispuesto por la Constitución de la República, la acción penal pública fue ejercida en representación del Estado y las pruebas fueron presentadas ante el tribunal correspondiente.
Gil Fernández, quien fue destituido en febrero de 2024, ocupaba un rol clave en la gestión económica del gobierno cubano. La decisión de su destitución fue adoptada por el Consejo de Estado, que citó “serios errores en su gestión” como la principal causa de su remoción. Tras su salida del cargo, los órganos del Ministerio del Interior comenzaron las investigaciones que finalmente llevaron a la formalización de las acusaciones.
En un comunicado oficial, se detalló que la investigación fue “minuciosa y exhaustiva”, lo que permitió que la Fiscalía presentara una propuesta sólida al Buró Político del Partido Comunista y al Consejo de Estado. Esto llevó a la autorización para proceder con las actuaciones legales pertinentes.
Según medios oficiales como Granma, Gil Fernández ha reconocido las imputaciones en su contra y, como parte de su aceptación, presentó su renuncia como miembro del Comité Central del Partido Comunista y Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Este gesto fue interpretado por el gobierno como una muestra de responsabilidad.
Graduado como Ingeniero en Explotación del Transporte, Gil Fernández tuvo una destacada trayectoria en el sector económico cubano, antes de ascender a posiciones clave dentro del gobierno. Durante su mandato como ministro de Economía y Planificación, estuvo al frente de políticas cruciales en el sector financiero y también tuvo participación en empresas extranjeras y en el Ministerio de Finanzas y Precios.
La destitución de Gil Fernández marcó un cambio significativo en el liderazgo económico del país. Joaquín Alonso Vázquez, exministro presidente del Banco Central de Cuba y con más de 30 años de experiencia en el sector, fue nombrado como su sucesor.
La investigación también ha revelado una serie de irregularidades, lo que ha llevado al presidente Miguel Díaz-Canel a autorizar el inicio de las actuaciones legales, destacando que los detalles de la investigación eran suficientes para tomar esa decisión.
Este caso ha generado especulaciones sobre si la purga de Gil Fernández responde a cuestiones internas dentro del Partido Comunista, especialmente en un contexto donde, en las semanas previas a su destitución, Gil Fernández había expresado públicamente su apoyo a Díaz-Canel, reconociéndolo como el líder del país.
