Una corte federal de apelaciones determinó este jueves que el gobierno de Estados Unidos no puede impedir que inmigrantes detenidos dentro del territorio nacional soliciten una audiencia para intentar obtener su libertad bajo fianza mientras avanzan sus procesos migratorios. El fallo del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito fue aprobado por dos votos contra uno y podría beneficiar también a migrantes cubanos bajo su jurisdicción.
La decisión representa un nuevo revés judicial para la política de detención obligatoria impulsada como parte de la estrategia migratoria de la administración del presidente Donald Trump. El tribunal, con sede en San Francisco, concluyó que los extranjeros arrestados lejos de la frontera no deben quedar automáticamente privados de la posibilidad de acudir ante un juez para solicitar una fianza.
Uno de los magistrados que respaldó el fallo fue Daniel Bress, designado por Trump. La mayoría consideró que la interpretación histórica de las leyes migratorias permite que determinadas personas detenidas dentro del país tengan acceso a una audiencia en la que un juez evalúe si pueden ser liberadas mientras continúa su caso.
La resolución amplía una división existente entre las cortes federales de apelaciones sobre el alcance de las facultades del gobierno para mantener a inmigrantes detenidos sin derecho a solicitar fianza. Otros cuatro tribunales de apelaciones han rechazado la interpretación defendida por la administración.
En sentido contrario, el Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, y el Octavo Circuito, ubicado en St. Louis, han respaldado la postura gubernamental. La existencia de criterios diferentes entre jurisdicciones federales aumenta la posibilidad de que la controversia termine siendo resuelta por la Corte Suprema.
El gobierno federal ya pidió al máximo tribunal estadounidense que examine el conflicto y establezca una interpretación uniforme de la legislación. Una eventual decisión de la Corte Suprema podría definir el alcance de la detención obligatoria para inmigrantes arrestados dentro del país.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó el pronunciamiento del Noveno Circuito y aseguró que mantiene su posición jurídica. La agencia afirmó que “discrepa firmemente” de la decisión y expresó confianza en su interpretación de las normas relacionadas con la detención obligatoria.
Según el comunicado, el presidente Donald Trump y el secretario Mullin están aplicando la legislación de acuerdo con la forma en que, sostiene la administración, fue redactada originalmente. El gobierno defiende estas medidas como parte de su política para reforzar el cumplimiento de las leyes migratorias.
Durante administraciones anteriores, los inmigrantes sin antecedentes penales detenidos lejos de la frontera podían solicitar ante un juez su liberación mediante el pago de una fianza mientras se desarrollaban sus procedimientos. La detención automática estaba asociada principalmente con personas interceptadas en áreas fronterizas.
Esa práctica comenzó a modificarse en julio de 2025, cuando las autoridades migratorias extendieron la detención obligatoria a extranjeros localizados dentro de Estados Unidos. La decisión provocó numerosas demandas de inmigrantes que reclamaron el derecho a comparecer ante un juez para pedir su salida de los centros de detención.
La administración sostiene que una reforma migratoria aprobada por el Congreso en 1996 permite aplicar la detención obligatoria también lejos de la frontera y argumenta que gobiernos anteriores simplemente no utilizaron esa autoridad. Bress rechazó esa interpretación y consideró que la lectura histórica del estatuto resulta más adecuada. La jueza M. Margaret McKeown respaldó esa conclusión, mientras Carlos Bea votó en contra.
El fallo podría tener implicaciones para cubanos detenidos dentro de la jurisdicción del Noveno Circuito que busquen obtener una audiencia de fianza. Sin embargo, la posibilidad de acceder a ese mecanismo dependerá de la situación migratoria de cada persona y de las normas que continúen vigentes mientras avanza la disputa judicial en los tribunales federales.
