Liberia se suma a polémica política de EEUU para enviar migrantes a terceros países
Estados Unidos ampliará el envío de migrantes deportados a países africanos con los que no necesariamente mantienen vínculos, tras alcanzar un nuevo acuerdo con Liberia para trasladar hasta 1.200 personas durante el próximo año. El primer grupo, integrado por 20 deportados, está previsto para este jueves, como parte de la política migratoria impulsada durante el segundo mandato de Donald Trump.
La estrategia permite a Washington expulsar a personas que no puede devolver directamente a sus países de origen. Algunos cuentan incluso con protecciones judiciales frente a la deportación hacia determinadas naciones debido al riesgo de tortura, persecución u otros abusos. En esos casos, EEUU ha recurrido a terceros países dispuestos a recibirlos.
El mecanismo ha generado cuestionamientos porque algunos migrantes son enviados a lugares donde carecen de familiares, recursos económicos o redes de apoyo. También se han denunciado traslados sin información previa suficiente sobre el destino y posteriores periodos de detención cuya base legal no siempre ha sido explicada públicamente.
El caso del cubano Roberto Mosquera del Peral refleja esas consecuencias. Estados Unidos lo envió a Esuatini en julio de 2025 y, más de un año después, permanece recluido en la prisión de máxima seguridad de Matsapha. Mosquera había sido detenido previamente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El cubano permanece encarcelado sin cargos en ese país africano y durante meses enfrentó dificultades para comunicarse con abogados. En abril de 2026, la Corte Suprema de Esuatini reconoció finalmente el derecho de cuatro deportados procedentes de Estados Unidos, incluido Mosquera, a reunirse con sus representantes legales.
Las denuncias no se limitan al caso del cubano. Amnistía Internacional informó en julio que al menos 30 personas habían sido trasladadas desde Estados Unidos hacia Esuatini. Varias aseguraron que no conocían previamente el destino al que serían enviadas y posteriormente quedaron recluidas sin que se hiciera pública la justificación jurídica de su encarcelamiento.
La situación adquiere mayor relevancia por las condiciones políticas de algunos países escogidos. Esuatini es una monarquía gobernada por el rey Mswati III y organizaciones de derechos humanos han cuestionado las restricciones existentes contra la oposición y las libertades políticas.
Estados Unidos también ha trasladado deportados a la República Democrática del Congo y a la República Centroafricana. El primero enfrenta conflictos armados e inestabilidad, mientras Washington mantiene una advertencia para viajeros hacia territorio centroafricano debido a problemas de violencia e inseguridad.
El programa también ha supuesto un gasto millonario. Un informe de la minoría demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estimó que hasta enero de 2026 el Gobierno estadounidense había destinado más de 40 millones de dólares a deportaciones hacia terceros países.
Según ese cálculo, al menos 32,3 millones de dólares fueron entregados directamente a cinco gobiernos y otros 7,2 millones correspondieron a vuelos. Algunos traslados se realizaron utilizando aeronaves militares cuyo costo operativo puede superar los 32.000 dólares por hora.
Solo el acuerdo con Esuatini representó un desembolso de 5,1 millones de dólares por parte de Estados Unidos. Mientras tanto, personas trasladadas bajo ese mecanismo, como Mosquera, han permanecido durante meses en una instalación de máxima seguridad pese a no enfrentar cargos en el país receptor.
Liberia se incorpora ahora a esa red de terceros países. Su gobierno sostiene que quienes lleguen serán considerados visitantes y tendrán la posibilidad de solicitar asilo o abandonar posteriormente el territorio. Sin embargo, todavía no se han divulgado todos los términos del acuerdo, el nivel de apoyo que recibirá Monrovia ni las condiciones concretas bajo las cuales permanecerán los deportados.
