EEUU desmantela red acusada de organizar más de 1.000 matrimonios falsos para obtener Green Cards
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el miércoles 12 de agosto cargos contra 11 personas acusadas de operar durante una década una red de matrimonios ficticios para obtener residencias permanentes. El esquema, centrado principalmente en ciudadanos chinos, habría organizado más de 1.000 uniones fraudulentas desde Nueva York y generado decenas de millones de dólares.
Según la acusación federal, la organización funcionó al menos desde 2016 hasta julio de 2026. Aunque tenía su centro de operaciones en Nueva York, los implicados habrían coordinado matrimonios en Connecticut, Massachusetts, Pennsylvania, Kentucky, Tennessee, Georgia y Florida. Los investigadores también identificaron conexiones con China y Vanuatu.
Los extranjeros interesados podían pagar hasta 100.000 dólares para ser vinculados con ciudadanos estadounidenses y recibir asistencia durante el proceso migratorio. A cambio, quienes aceptaban figurar como cónyuges podían recibir hasta 30.000 dólares por participar en el supuesto matrimonio.
Los reclutadores también obtenían beneficios económicos. De acuerdo con los fiscales, podían cobrar comisiones cercanas a 5.000 dólares por cada ciudadano estadounidense incorporado a la red. El entramado funcionaba así como un negocio estructurado alrededor de solicitudes migratorias sustentadas en relaciones que, según la acusación, no eran reales.
La organización presuntamente preparaba a las parejas para crear la apariencia de una vida matrimonial y superar las verificaciones de las autoridades migratorias. Los participantes realizaban ceremonias, tomaban fotografías y abrían cuentas financieras y de servicios a nombre de ambos.
También presentaban declaraciones fiscales conjuntas, pólizas de seguro y otros documentos destinados a respaldar las solicitudes de residencia permanente. En algunos casos, los supuestos esposos apenas se conocían antes de acudir a solicitar la licencia matrimonial.
Después, los participantes recibían preparación para las entrevistas con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). El objetivo, según la Fiscalía, era enseñarles a responder preguntas sobre la relación y evitar que los funcionarios descubrieran que el matrimonio había sido organizado para obtener beneficios migratorios.
Los acusados fueron identificados como Amy Cheng, Xiao Mei Chan, Christine Lu, Jing Yan Ye, Xiao Yan Chen, Gang Zheng, Anthony Cheng, Michelle Duenas, Angela Duenas, Sigrid Cetino y Erika Johnson. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York informó que diez de ellos fueron arrestados la mañana en que se anunció formalmente el caso.
Cada procesado enfrenta un cargo de conspiración para cometer fraude matrimonial e inmigratorio, que contempla una pena máxima de cinco años de prisión. También están acusados de conspirar para facilitar la permanencia ilegal de extranjeros en Estados Unidos, delito que podría elevar la condena máxima hasta diez años.
Las imputaciones constituyen acusaciones y los procesados mantienen la presunción de inocencia mientras avanza el procedimiento judicial. Las autoridades no han informado todavía sobre posibles condenas ni sobre el resultado de los procesos individuales.
El fiscal general Todd Blanche calificó el expediente como uno de los mayores casos de fraude matrimonial llevados ante la justicia estadounidense. Sostuvo que no se trataba de una operación temporal, sino de una estructura que habría funcionado durante años y movido decenas de millones de dólares para facilitar beneficios migratorios de manera ilegal. También afirmó que este tipo de esquemas dificulta determinar quién debe ser admitido en Estados Unidos.
La investigación involucró a HSI, el FBI, USCIS, la División de Investigación Criminal del Ejército estadounidense y autoridades del condado de Westchester. Durante los arrestos se ejecutaron además órdenes de registro en varias localidades de Nueva York. El caso se conoce en momentos en que la administración de Donald Trump mantiene una política de mayor control sobre la inmigración legal y no autorizada.
