El gobierno adoptó esta normativa tras las protestas del 11 de julio de 2021, presentándola como respuesta a un escenario de emergencia. Su continuidad intenta contener el descontento social frente a la carestía.
La congresista Salazar resaltó el carácter humano del expediente y apoyó la gestión. Esa interlocución política fue señalada como un factor que ayudó a encaminar una decisión favorable