Canadá ha decidido implementar restricciones significativas en su política migratoria para residentes temporales, tanto en el ámbito estudiantil como laboral. Esta acción, liderada por el Ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, Marc Miller, busca contrarrestar el notable aumento en el número de migrantes temporales registrado en el último año, con el fin de garantizar un nivel sostenible de inmigración y ajustarse a las necesidades cambiantes del mercado laboral y la sociedad canadiense.
El país, reconocido por su política de “puertas abiertas”, enfrenta ahora desafíos económicos y laborales pospandemia, así como críticas sobre el impacto de la migración en la sociedad. En 2023, Canadá concedió visados a una cifra considerable de nuevos residentes permanentes y no permanentes, contribuyendo a un aumento del 3.2% en su población, lo que ha generado presiones adicionales, especialmente con la llegada de cerca de 300,000 ucranianos debido al conflicto en Europa del Este.
El plan del gobierno canadiense incluye reducir en un 20% el otorgamiento de residencias temporales en los próximos tres años, lo que representa la primera vez que se establece un límite específico para este tipo de residentes. Esta medida se traducirá en una disminución del 35% en las visas para estudiantes internacionales para el año 2024, así como una reducción del 30% al 20% en la cuota de trabajadores extranjeros temporales en ciertos sectores, a partir del 1 de mayo.
La decisión ha generado críticas y preocupaciones en diversos sectores, especialmente en salud y gastronomía, donde ya se enfrentan a escasez de personal. Organizaciones no gubernamentales como Migrant Workers Alliance for Change y el grupo Restaurants Canada han expresado su inquietud por las implicaciones de estas medidas, tanto en términos de derechos laborales como de impacto en la economía y la sociedad canadiense.
Syed Hussan, director ejecutivo de Migrant Workers Alliance for Change, señaló que “hay un aumento del racismo y los migrantes son utilizados como chivo expiatorio por la crisis habitacional y de asequibilidad. No es una cuestión de números, sino de derechos, de condiciones de trabajo”.
