Corte federal fija nueva fecha en demanda de 992 cubanos con I-220A que buscan reconocer su parole
La demanda presentada por 992 cubanos con formularios I-220A en Estados Unidos avanzará hacia una nueva etapa después de que la jueza federal Jacqueline Becerra estableciera el 9 de octubre de 2026 como fecha límite para que el Gobierno responda a varias solicitudes pendientes dentro del proceso Bello-Rubio v. Noem. La disputa busca determinar si las condiciones en las que algunos migrantes cubanos fueron detenidos y liberados pueden considerarse como un parole bajo la Ley de Ajuste Cubano.
La decisión mantiene abierto un litigio que sigue de cerca una parte de la comunidad cubana en Estados Unidos, especialmente aquellos que ingresaron por la frontera y recibieron un formulario I-220A en lugar de un documento que reconociera de forma expresa una autorización de parole.
El nuevo plazo judicial no significa que la corte haya determinado que los formularios I-220A equivalen a un parole ni que sus titulares puedan solicitar automáticamente la residencia permanente en Estados Unidos. El tribunal todavía debe resolver los argumentos presentados por ambas partes.
La disputa sobre el valor migratorio del I-220A
El conflicto está relacionado con uno de los requisitos establecidos por la Ley de Ajuste Cubano para obtener la residencia. La norma exige, entre otras condiciones, que el solicitante haya sido inspeccionado y admitido en Estados Unidos o que haya recibido parole.
El Gobierno estadounidense sostiene que un formulario I-220A, por sí solo, no representa un parole. Esa interpretación ha dejado a numerosos cubanos en una situación migratoria pendiente, pese a que algunos llevan varios años viviendo en Estados Unidos.
Los abogados de los demandantes argumentan que no debe analizarse únicamente el documento entregado al momento de la liberación, sino también las circunstancias específicas de cada caso. Según su posición, la autoridad migratoria utilizada durante la detención y el proceso posterior podrían determinar si existió un beneficio equivalente al parole.
El pasado 10 de septiembre, la jueza Becerra rechazó el intento del Gobierno de cerrar el litigio. La decisión permitió que la demanda continuara, aunque no resolvió la cuestión central sobre si los I-220A pueden ser considerados parole para efectos de la Ley de Ajuste Cubano.
No todos los casos con I-220A tienen la misma situación
Los especialistas han señalado que los cubanos con este documento no presentan necesariamente las mismas circunstancias migratorias. Antes de iniciar una acción legal, cada persona debe revisar cómo ocurrió su entrada al país, bajo qué autoridad fue procesada, qué documentos recibió y las condiciones de su liberación.
El historial migratorio también puede cambiar el análisis de cada caso. La existencia de una orden de deportación, un proceso abierto ante un juez de inmigración, solicitudes previas de residencia o decisiones migratorias anteriores pueden influir en las opciones disponibles.
Además del proceso Bello-Rubio, existen otros litigios relacionados con cubanos y el tratamiento de sus entradas al país. El 17 de septiembre, el juez federal William F. Jung rechazó una solicitud del Gobierno para desestimar el caso Cartaya-Lozano en Tampa y ordenó al Departamento de Seguridad Nacional responder dentro de 14 días. Ese proceso involucra a cubanos que ingresaron por puertos de entrada y posteriormente fueron detenidos por autoridades migratorias.
Qué deben revisar los cubanos con I-220A
Los titulares de un I-220A deben identificar con precisión qué documento recibieron y cuál es su situación actual ante las autoridades migratorias. Una eventual decisión favorable en estos procesos no implicaría que todos los afectados obtengan automáticamente la residencia.
Todavía sería necesario cumplir otros requisitos de la Ley de Ajuste Cubano y completar el procedimiento migratorio correspondiente. Además, en el caso Bello-Rubio está pendiente una solicitud para que la demanda pueda convertirse en una acción colectiva.
Si la jueza aprueba esa petición, el proceso podría extenderse a otras personas que cumplan los criterios definidos por el tribunal. Sin embargo, esa posibilidad aún no ha sido autorizada.
Por ahora, el próximo punto clave será el 9 de octubre de 2026, fecha en la que vence el plazo otorgado al Gobierno para presentar su respuesta. Para miles de cubanos con I-220A, ese paso representa una nueva fase dentro de una disputa judicial que continúa abierta y sin una solución general para todos los titulares del documento.
