La Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó las disposiciones fiscales que regirán en 2025, imponiendo un impuesto del 10 % sobre las ventas y servicios a personas jurídicas, naturales y negocios privados. La medida, que entrará en vigor el 1 de enero, fue anunciada como parte del presupuesto estatal. A pesar de las proyecciones de recaudación, el gobierno estima que el déficit fiscal se mantendrá, agravando la situación económica.
El Artículo 74 de la Ley 174 establece que empresas estatales, mipymes y cooperativas no agropecuarias serán gravadas con un 10 % sobre sus ingresos por ventas y servicios. Este impuesto afecta tanto al sector estatal como al privado, equiparando las obligaciones tributarias de ambos sectores.
El gravamen también se extiende a las personas naturales que realicen actividades comerciales o presten servicios. Esta medida podría impactar negativamente en los emprendedores, limitando sus ganancias y dificultando la sostenibilidad de pequeños negocios.
Según el Artículo 75, las operaciones en moneda libremente convertible (MLC) serán objeto del mismo impuesto del 10 %. Esta disposición afecta directamente a tiendas y negocios que operan en MLC, sector que ha sido una fuente clave de ingresos para el gobierno. El gravamen podría reducir las utilidades de estos comercios, intensificando la inflación y restringiendo el acceso a bienes básicos.
No obstante, la normativa contempla exenciones para sectores críticos. El Artículo 81 libera de impuestos a la venta de libros, periódicos, materiales educativos y servicios científicos, mientras que la transmisión de energía eléctrica por la Unión Nacional Eléctrica también quedará exenta.
Productos esenciales como medicamentos, dietas médicas y las canastas familiares normadas están incluidos en el Artículo 83, que busca proteger a sectores vulnerables del impacto fiscal. Sin embargo, analistas advierten que estas exenciones no serán suficientes para mitigar el alza general de precios.
El sector de telecomunicaciones también será alcanzado por la nueva política fiscal. ETECSA, la empresa estatal de telecomunicaciones, aplicará un gravamen del 5 % sobre sus servicios. Los ingresos derivados de este impuesto serán destinados a los presupuestos municipales, para financiar proyectos locales.
Asimismo, el Artículo 75 indica que los ingresos generados por la venta de cigarro, tabaco y fósforos también se cederán a los municipios. Estos fondos están destinados a reforzar la infraestructura y los servicios públicos, pero muchos cubanos temen que la corrupción y la mala gestión limiten su impacto real.
El gobierno ha decidido mantener los beneficios fiscales para la inversión extranjera y los concesionarios de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, según lo estipula la Ley de Inversión Extranjera. Esta estrategia busca atraer capital foráneo y dinamizar la economía en áreas estratégicas, aunque el éxito de estas iniciativas ha sido limitado.
El aumento en los impuestos podría profundizar la crisis económica en la isla. Comerciantes y empresarios han advertido que el gravamen reducirá sus ya estrechos márgenes de ganancia, provocando el cierre de negocios y una disminución en la oferta de productos.
Expertos consideran que el gobierno cubano está recurriendo a estas medidas para intentar equilibrar el presupuesto estatal ante la falta de financiamiento externo. Sin embargo, la falta de reformas estructurales y la continua dependencia del sector estatal limitan las perspectivas de crecimiento.
