Cubanos con I-220A preocupados por las deportaciones de la nueva administración
Cientos de miles de cubanos que residen en Estados Unidos con el formulario I-220A enfrentan una creciente incertidumbre migratoria tras la implementación de nuevas políticas por parte de la administración de Donald Trump. Las recientes medidas han intensificado las deportaciones, lo que ha generado temor entre los afectados, quienes exigen un trato diferenciado debido a su situación particular.
Yunior Luis Pino Pérez, activista cubano exiliado tras las protestas del 11 de julio de 2021, expresó su preocupación en una entrevista con Martí Noticias. “Mi vida corre peligro en Cuba después de haber sido chantajeado y obligado a exiliarme. Simplemente, no puedo regresar”, declaró.
El I-220A es una Orden de Libertad Bajo Palabra que permite la liberación de ciertos migrantes detenidos en la frontera. Sin embargo, este documento no es reconocido como parole por las Cortes de Inmigración, lo que impide a los beneficiarios aplicar a la residencia permanente mediante la Ley de Ajuste Cubano. Como resultado, miles de cubanos quedan en un limbo legal, con el asilo político como única opción de protección.
Ante esta situación, la comunidad cubana ha realizado manifestaciones en Washington y Miami para exigir una solución. La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar ha mostrado su apoyo, reconociendo la urgencia del problema. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado un mecanismo legal que regularice el estatus de más de 300,000 cubanos en territorio estadounidense.
La administración de Trump ha endurecido sus políticas migratorias, eliminando incluso el Programa de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos. En este contexto, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) ha intensificado operativos en diversas ciudades, con un promedio diario de más de 1,000 arrestos de inmigrantes en situación irregular.
Tom Homan, asesor de inmigración del gobierno, enfatizó que la prioridad es “atrapar a tantos delincuentes como sea posible”. Un documento interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) advierte que los migrantes con parole humanitario o que ingresaron a través de la aplicación CBP One podrían enfrentar deportaciones aceleradas. Las redadas incluyen operativos en hospitales, iglesias y escuelas, espacios que anteriormente eran considerados zonas seguras.
María Elvira Salazar ha señalado la complejidad de la situación: “Setenta y siete millones de personas votaron a favor de que Trump saque a los criminales. Que se vayan todos. El problema es que la gente buena sea protegida y en eso estoy”.
El abogado de inmigración, Ismael Labrador advirtió que, aunque no hay cambios directos en la política hacia los cubanos con I-220A, es fundamental que los afectados mantengan en orden sus documentos migratorios. Recomienda portar identificación válida, permiso de trabajo y evidencia de un caso de asilo en trámite.
Labrador subrayó que “la mejor protección para todos los casos, ya sea I-220A, parole humanitario o CBP One, es el asilo”. Este procedimiento sigue siendo la principal vía legal para evitar la deportación.
El futuro de miles de cubanos en EE.UU. sigue en la incertidumbre. La presión política y las movilizaciones podrían influir en un posible alivio migratorio. Mientras tanto, la comunidad afectada se enfrenta a una realidad cada vez más hostil, marcada por el endurecimiento de las políticas de deportación y la falta de opciones legales claras.
