Una jueza federal de Boston suspendió este jueves la revocación del parole humanitario que afectaría a más de medio millón de migrantes en Estados Unidos, incluyendo a decenas de miles de cubanos. La medida impulsada por la administración de Donald Trump pretendía cancelar el estatus temporal de estos migrantes a partir del 24 de abril, lo que los dejaría en riesgo de deportación.
La jueza de distrito Indira Talwani determinó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) interpretó erróneamente la ley al intentar reducir la duración del parole otorgado bajo la administración de Joe Biden. Según la magistrada, el procedimiento de deportación acelerada solo es aplicable a quienes ingresaron ilegalmente, no a quienes recibieron permiso legal de entrada.
“El gobierno está priorizando a quienes cumplieron con el proceso legal, no a quienes cruzaron ilegalmente”, explicó Talwani en su fallo. Su decisión frena temporalmente una política que generaba incertidumbre entre miles de familias migrantes, muchas de ellas con trabajos estables y arraigo en el país.
Abogados defensores calificaron la decisión como una victoria significativa en la protección de los derechos de los migrantes. Sostienen que la medida de Trump violaba garantías fundamentales al aplicar castigos a quienes actuaron dentro del marco legal.
El fallo también refuerza el principio de independencia de poderes en Estados Unidos. Talwani recordó que incluso las decisiones presidenciales deben someterse a revisión judicial si afectan los derechos constitucionales de las personas.
El programa de parole humanitario fue creado en 2022 para venezolanos y luego extendido en 2023 a cubanos, haitianos y nicaragüenses. Este beneficio permite la entrada y permanencia por dos años en el país, siempre que el migrante cuente con un patrocinador en territorio estadounidense.
En el caso de los cubanos, esta figura legal también les permite acceder a la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano, si permanecen en el país por al menos un año y un día. Con la fecha de revocación prevista para el 24 de abril, al menos 26 mil cubanos no cumplían aún ese requisito y estaban en peligro de quedar atrapados en un limbo migratorio.
El gobierno de Trump, sin embargo, aún puede apelar la decisión de la jueza Talwani. El Departamento de Justicia tiene la facultad de llevar el caso a instancias superiores, incluida la Corte Suprema de Estados Unidos.
La propia Corte Suprema ya ha intervenido recientemente en temas migratorios. El pasado 7 de abril, autorizó a Trump a aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportaciones rápidas de presuntos pandilleros venezolanos, pese a una orden judicial que lo impedía.
Aunque la batalla judicial no ha terminado, el fallo representa un respiro para los migrantes que temían perder sus derechos. La situación continúa bajo revisión, pero por ahora, el parole humanitario sigue vigente.
