El gobierno de Estados Unidos ha reanudado la exigencia de la toma de datos biométricos a los inmigrantes con el formulario I-220A, lo que ha generado preocupación y confusión dentro de la comunidad migrante. Esta medida, destinada a actualizar los registros criminales y antecedentes de los solicitantes, ha planteado interrogantes sobre sus posibles implicaciones para aquellos que aún se encuentran en un proceso migratorio pendiente.
El periodista Mario J. Pentón conversó sobre el tema con el abogado Ismael Labrador, quien explicó que la recolección de huellas dactilares y otros datos biométricos es un procedimiento para mantener actualizados los archivos criminales de los inmigrantes, especialmente de aquellos con antecedentes penales.
Labrador advirtió que esta medida podría resultar en la deportación de individuos que no puedan verificar su historial criminal, así como en la detención de aquellos sin antecedentes, quienes se verían sometidos a un proceso más riguroso para ajustar su estatus migratorio.
Un punto clave mencionado por Labrador es la importancia de asistir a las citas programadas, incluidas las de toma de huellas. El abogado subrayó que la negativa a presentarse o la falta de cooperación podría interpretarse como una violación de las condiciones impuestas para la obtención de beneficios migratorios, lo que podría perjudicar gravemente el proceso de residencia o trabajo de los inmigrantes.
Negarse a colaborar con las autoridades o faltar a las citas podría ser visto como un indicio de falta de seriedad, complicando aún más el caso migratorio.
Labrador insistió en que es fundamental para los inmigrantes presentarse a todas las citas, ya que cualquier retraso o incumplimiento podría obstaculizar la solicitud de residencia, permiso de trabajo u otros beneficios migratorios.
Si por alguna razón válida no pueden asistir, se recomienda buscar asesoría legal inmediata para evitar complicaciones adicionales en su caso.
En cuanto a los beneficiarios de parole humanitario, el abogado mencionó que muchos han experimentado retrasos significativos en la obtención de su residencia. A pesar de las dificultades, alentó a este grupo a seguir los procedimientos establecidos y hacer seguimiento a sus casos a través de solicitudes de evidencia (e-request).
Finalmente, Labrador aclaró que, en casos de corte cerrada, los beneficiarios del ajuste de estatus podrían ser detenidos mientras esperan su audiencia. No obstante, aquellos con solicitudes de asilo o en proceso tienen derecho a ser escuchados antes de cualquier acción de deportación. La prioridad, enfatizó, es que los inmigrantes respeten los procedimientos legales y las citas para evitar complicaciones adicionales en sus casos.
