EEUU niega visas a cubanos con pasado estatal: nuevas restricciones afectan reunificación familiar
En las últimas semanas, la Embajada de Estados Unidos en La Habana ha incrementado de manera significativa las negaciones de visas de inmigrante a ciudadanos cubanos bajo el programa de reunificación familiar. La medida, según expertos en inmigración, responde a un endurecimiento de los criterios de elegibilidad, afectando principalmente a solicitantes en la categoría IR5, destinada a los padres de ciudadanos estadounidenses.
El consultor de inmigración Abel Zaldívar ha recibido múltiples testimonios de cubanos cuyas solicitudes fueron rechazadas de inmediato. Antes, estos casos solían ser enviados a procesos administrativos para evaluación adicional, pero ahora los funcionarios consulares están emitiendo negaciones directas basadas en la sección 212(a)(3)(D) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Esta norma impide otorgar visas a quienes sean o hayan sido miembros o afiliados a partidos comunistas o regímenes totalitarios.
De acuerdo con Zaldívar, la nueva política se traduce en un escrutinio más estricto de la relación de los solicitantes con el gobierno cubano. La evaluación se centra en tres niveles: simpatía, afiliación y membresía. Incluso aquellos que no han pertenecido formalmente al Partido Comunista de Cuba están siendo considerados afiliados si han trabajado en empresas estatales o instituciones gubernamentales.
El Manual de Asuntos Foráneos del Departamento de Estado clasifica a las empresas estatales de países comunistas como herramientas del partido gobernante. En consecuencia, empleos en entidades como Aguas de La Habana, la Empresa Eléctrica o el Ministerio de Educación están siendo motivo de inelegibilidad para obtener una visa estadounidense.
Los afectados reciben un documento en el que se les informa sobre su exclusión, sin posibilidad de apelación inmediata. La embajada ha justificado las decisiones alegando un “examen minucioso” de cada caso, lo que indica una postura más restrictiva en la evaluación de solicitudes.
Quienes sean rechazados bajo la sección 212(a)(3)(D) pueden solicitar un perdón migratorio a través del formulario I-601. Sin embargo, este recurso enfrenta dos grandes obstáculos: el alto costo del trámite, fijado en $1.050 dólares, y el tiempo de procesamiento, que puede extenderse hasta 32 meses, con posibilidad de incremento debido a la creciente demanda.
Para ser elegibles al perdón, los solicitantes deben demostrar que su afiliación con el régimen fue involuntaria o que terminó hace más de cinco años. También deben ser familiares directos de ciudadanos o residentes estadounidenses y no representar un riesgo para la seguridad nacional.
La nueva política afecta a un número significativo de cubanos que buscan emigrar legalmente a Estados Unidos. Además, podría extenderse a solicitantes de otros países con regímenes totalitarios, como Venezuela y Nicaragua, donde las estructuras estatales siguen modelos similares al cubano.
Ante este panorama, expertos en inmigración recomiendan que los solicitantes evalúen su historial laboral y busquen asesoramiento legal antes de asistir a la entrevista consular. Aquellos que sospechen que podrían ser considerados afiliados al régimen deben preparar argumentos sólidos para demostrar su desvinculación.
El endurecimiento de estas medidas refuerza la postura de seguridad nacional de Estados Unidos en la admisión de inmigrantes. No obstante, representa un obstáculo adicional para miles de familias cubanas que esperan reunificarse con sus seres queridos tras años de separación.
