El Senado de Estados Unidos ha dado un paso significativo hacia una reforma radical de su política migratoria, con la presentación de un acuerdo que promete poner fin al sistema de parole a través de la aplicación CBP One, entre otras medidas drásticas. Este cambio, orientado a reforzar la seguridad fronteriza y regular el flujo migratorio, aún debe ser ratificado por ambas cámaras del Congreso para su implementación.
El acuerdo propone la eliminación del parole para aquellos que intenten ingresar a Estados Unidos a través de puntos de control fronterizo, marcando un punto de inflexión en las políticas actuales. Se establece, además, que no habrá amnistía ni legalización para personas en situación ilegal dentro del país.
Una de las medidas más destacadas es el incremento significativo en la capacidad de detención por parte de los agentes fronterizos, que pasaría de 34.000 a 50.000, abarcando los más de tres mil kilómetros de frontera con México. Se busca, con esto, disuadir la entrada no autorizada, terminando con la práctica de permitir la permanencia en el país mientras se resuelven los casos migratorios.
La política de expulsión inmediata para quienes crucen ilegalmente la frontera es otra de las estrategias clave del nuevo acuerdo. Esta medida busca frenar la entrada no autorizada, poniendo fin a la política actual que permite a los migrantes permanecer en territorio estadounidense mientras se resuelven sus casos.
El trato diferenciado entre adultos solteros, que serán detenidos, y familias, que serán liberadas con medidas alternativas como tobilleras electrónicas, se destaca dentro de las nuevas disposiciones. Además, se endurecerán los requisitos para las solicitudes de asilo, elevando el estándar de “miedo creíble” y estableciendo barreras más altas para la elegibilidad.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) asumirá la responsabilidad de decidir sobre las solicitudes de asilo, en un intento por agilizar el proceso y asegurar una gestión más eficiente de los casos. Este cambio es significativo, ya que anteriormente era tarea de los jueces de inmigración.
A pesar de las drásticas medidas propuestas, se mantendrá el parole humanitario para ciertas nacionalidades en crisis, como cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos, proporcionando un alivio temporal a individuos de países en situación delicada.
La asignación de fondos adicionales para reforzar la patrulla fronteriza y facilitar la deportación de individuos en situación irregular es otro de los pilares de este acuerdo. Sin embargo, la aprobación del mismo enfrenta un escenario complicado, especialmente por la oposición republicana en el Congreso. Mike Johnson, líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, ha expresado su desacuerdo con el proyecto, argumentando que “no pondrá fin a la catástrofe fronteriza”.
