Gobierno cubano extiende hasta diciembre el plazo para legalizar viviendas construidas sin autorización
El Consejo de Ministros de Cuba prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2025 el proceso de ordenamiento y legalización de viviendas, habitaciones, cuartos, accesorias y locales sin estatus legal, según el Acuerdo 10108 emitido el 27 de marzo y publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 26, del 23 de mayo.
La medida tiene como objetivo facilitar la regularización de construcciones sin documentación formal, siempre que cumplan con las regulaciones territoriales y urbanísticas vigentes. Esta extensión busca dar una nueva oportunidad a miles de ciudadanos que habitan inmuebles edificados al margen de la ley.
Según explicó Marvelis Velázquez, directora de Asuntos Legales de la Vivienda en el Ministerio de la Construcción (Micons), el procedimiento ha sido modificado para hacerlo más ágil y accesible. Ahora solo se requiere un dictamen de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, eliminando el paso del levantamiento técnico previo por parte de la Dirección Municipal de Vivienda, lo que reduce el trámite en aproximadamente 15 días.
Podrán beneficiarse del proceso quienes ocupen construcciones no legalizadas, así como arrendatarios permanentes de viviendas estatales, exceptuando aquellos sancionados por delitos graves como enriquecimiento ilícito, tráfico de drogas o corrupción. También están incluidos usufructuarios y ocupantes de cuartos o accesorias adaptadas como viviendas.
Un aspecto destacado de la prórroga es su enfoque en grupos vulnerables. El acuerdo menciona atención especial a personas con discapacidad, embarazadas y adultos mayores, con el objetivo de facilitarles el acceso formal a la propiedad.
El Ministerio aseguró que los más de 19 mil casos en trámite bajo la normativa anterior recibirán seguimiento por parte de las autoridades locales para completar el proceso.
El programa original, establecido en 2019 mediante el Acuerdo 8574, se vio obstaculizado por la pandemia de COVID-19, lo que limitó significativamente la presentación de solicitudes. A pesar de ello, se han logrado resolver más de 223.900 casos, incluyendo la legalización de más de 130 mil viviendas construidas por esfuerzo propio y cerca de 50 mil conversiones de arrendatarios en propietarios.
No obstante, la medida ocurre en medio de una profunda crisis habitacional en la isla. Según cifras oficiales, el déficit de viviendas supera las 900 mil unidades y alrededor del 40 % de las 3.8 millones de casas del país están en mal estado técnico. El incumplimiento sistemático del plan estatal de construcción de viviendas, debido a la escasez de materiales, agrava la situación.
La extensión del plazo aparece como un intento del gobierno de aliviar la presión social generada por años de desatención y negligencia institucional, sin ofrecer soluciones estructurales a un problema que se arrastra por décadas.
Con esta prórroga, las autoridades buscan mostrar voluntad de ordenamiento, aunque persiste la crítica de que muchas de estas legalizaciones son apenas el reconocimiento tardío de una realidad que el propio sistema impulsó por inacción y centralismo.
