El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha ordenado a los jueces de inmigración acelerar la desestimación de casos pendientes, con el objetivo de facilitar detenciones inmediatas y deportaciones expeditas. La instrucción, revelada a través de un memorando obtenido por NBC News, marca una nueva ofensiva migratoria impulsada por la administración de Donald Trump para cumplir su promesa de campaña de ejecutar la mayor ola de deportaciones en la historia del país.
La estrategia permite que los abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presenten mociones orales para desestimar solicitudes de asilo sin aportar documentación escrita. Una vez que un caso es eliminado del calendario judicial, el inmigrante puede ser arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y sometido al proceso de “remoción acelerada”, sin audiencia ante un juez.
Este enfoque fue evidenciado en el caso del cubano Oscar Sánchez en Houston, Texas, donde agentes de ICE aguardaban fuera de la corte de inmigración para proceder con su captura tras la desestimación del caso. Al eliminar la espera tradicional de diez días para la respuesta del inmigrante, el proceso se acorta dramáticamente.
La política ha generado fuertes críticas de expertos en derecho migratorio y miembros del sistema judicial. Greg Chen, portavoz de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, advirtió que esta práctica vulnera la ley al ignorar las particularidades de cada caso y eliminar garantías básicas del debido proceso.
Un miembro del sindicato de jueces de inmigración, quien pidió el anonimato, fue más contundente: “Esta maniobra convierte al sistema en una farsa. Se contradicen los mismos principios de justicia que se proclamaban defender.” Según este representante, la medida socava la independencia judicial al colocar a los jueces como meros ejecutores de políticas de detención.
El problema no es solo legal, sino también logístico. Al cierre de mayo, más de 51.000 inmigrantes estaban bajo custodia de ICE, superando por más de 9.000 personas la capacidad financiada por el Congreso. Organizaciones de derechos humanos advierten que el hacinamiento en los centros de detención podría generar una crisis humanitaria, con condiciones inadecuadas y falta de servicios básicos.
Para responder a la sobrepoblación, ICE ha anunciado su intención de duplicar su capacidad hasta 100.000 camas antes de que finalice 2025. La expansión se realizaría principalmente mediante contratos con cárceles privadas, lo que ha generado preocupación por los antecedentes de abusos en estas instalaciones.
Jason Houser, exjefe de personal de ICE durante la administración de Biden, alertó que esta política desviará recursos hacia la detención masiva de personas sin antecedentes criminales. “Es una estrategia costosa e ineficiente. No mejora la seguridad nacional y sí desgasta al sistema migratorio”, afirmó.
La implementación de estas medidas plantea serias preguntas sobre la legalidad y sostenibilidad del enfoque de Trump hacia la migración. Aunque busca proyectar fuerza ante su electorado, expertos advierten que puede colapsar un sistema ya saturado y erosionar aún más la confianza en la justicia migratoria.
La comunidad cubana en el exilio, que ha sido blanco frecuente de cambios en las políticas migratorias estadounidenses, observa con creciente preocupación estas decisiones. La incertidumbre crece entre quienes aún esperan resolver su estatus migratorio en un entorno cada vez más hostil.
