La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos se prepara para emitir un fallo crucial sobre la política que podría revocar la ciudadanía automática por nacimiento, una medida que afectaría a miles de personas nacidas en el país. Este caso, proveniente de New Hampshire, podría marcar un cambio importante en la interpretación de la 14ª Enmienda de la Constitución.
La 14ª Enmienda, promulgada después de la Guerra Civil, ha garantizado la ciudadanía automática a todas las personas nacidas en Estados Unidos, con pocas excepciones, como los hijos de diplomáticos, fuerzas extranjeras invasoras o ciertas tribus nativas. La Corte Suprema, compuesta por seis jueces conservadores y tres liberales, ha fijado su fallo final para finales de junio del próximo año.
El gobierno de Trump argumenta que la ciudadanía por nacimiento debería limitarse a aquellos con al menos un progenitor estadounidense o residente legal permanente. Según esta interpretación, la cláusula “sujeta a su jurisdicción” de la 14ª Enmienda solo aplicaría a los hijos de personas que no solo se encuentren en el país, sino que también profesen lealtad a Estados Unidos.
Esta reinterpretación de la 14ª Enmienda busca desmantelar lo que la administración Trump considera una “idea errónea” que ha permitido la ciudadanía automática a los hijos de visitantes temporales o personas que han ingresado ilegalmente al país. Desde que el presidente Trump anunció esta política en enero de 2017, ha enfrentado varios reveses judiciales en tribunales inferiores, que la han declarado ilegal en casos en Washington y New Hampshire.
No obstante, la administración logró que la Corte Suprema se involucrara, argumentando que los jueces individuales no tenían la autoridad para bloquear el plan a nivel nacional. Esta intervención, sin embargo, no abordó los fundamentos legales del caso.
El caso que ha llegado a la Corte Suprema involucra a varios demandantes representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), incluidos dos bebés que estarían sujetos a la orden. Mientras tanto, la Corte también está considerando otras demandas relacionadas, como una presentada por los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregon.
A pesar de que el máximo tribunal ha mostrado simpatía por las políticas de Trump en otros casos, muchos analistas legales consideran que el debate sobre la ciudadanía por nacimiento podría ser una excepción importante, dada su naturaleza constitucional y las implicaciones de modificar un derecho fundamental como la ciudadanía por nacimiento.
Este debate sobre la ciudadanía por nacimiento se produce en un contexto de otros reveses judiciales para la administración Trump. En octubre de este año, un tribunal federal de apelaciones en Boston falló en contra de la propuesta de revocar la ciudadanía a los niños nacidos en EE. UU. de padres que se encuentren en el país ilegalmente o temporalmente. Este fallo representa otro golpe para la orden ejecutiva de Trump, que buscaba limitar este beneficio.
El fallo del 1er Circuito se sumó a las decisiones de otros tribunales federales que, desde junio, han bloqueado o invalidado la orden sobre la ciudadanía por nacimiento. Los jueces concluyeron que es “probable” que los demandantes prevalezcan en el fondo de su caso, lo que refuerza las expectativas de que la Corte Suprema podría adoptar una postura más moderada.
El futuro de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos está en juego, y la decisión de la Corte Suprema tendrá un impacto profundo en las políticas migratorias del país. Si se aprueba la revocación de la ciudadanía automática, millones de personas nacidas en EE. UU. podrían perder este derecho, lo que generaría consecuencias tanto para los inmigrantes como para la identidad del país.
Este fallo podría tener efectos duraderos sobre la interpretación de la 14ª Enmienda y sobre cómo EE. UU. maneja su política de inmigración, un tema clave en la agenda de Trump. Sin embargo, el caso está lejos de ser sencillo y su resolución podría abrir nuevas brechas legales en la lucha por la ciudadanía en el país.
