Un niño cubano que juega en la academia del FC Barcelona en Miami no pudo viajar a España para participar en una serie de partidos amistosos. La razón: su estatus migratorio en los Estados Unidos. Él, junto a su madre Anisley Pérez, entró al país con una Orden de Libertad Bajo Reconocimiento, conocida como I-220A. Este documento, utilizado por las autoridades migratorias para liberar a personas mientras esperan procedimientos adicionales, no le concede el estatus de parole, lo que ha generado un limbo migratorio para alrededor de 300 mil cubanos.
La situación ha impactado directamente al joven futbolista, quien además de ser seleccionado para integrar la selección juvenil de Estados Unidos, tampoco puede competir en eventos internacionales debido a su situación legal. “Le robaron todos sus sueños en Cuba, y ahora aquí tampoco puede avanzar”, lamenta su madre en una entrevista con Telemundo 51.
La historia de este joven no es única. Muchos cubanos que entraron a Estados Unidos con el documento I-220A viven en una constante incertidumbre, ya que el mismo no califica bajo la Ley de Ajuste Cubano, una normativa que permite a los cubanos obtener residencia permanente tras un año de estancia en el país. Sin este estatus, sus opciones legales y de desarrollo están limitadas.
Yusnier Fellove, otro cubano en la misma situación, comparte su frustración: “No se puede vivir porque no sabes qué pasará mañana. Estás estudiando o trabajando y no logras concentrarte”.
Ante esta situación, un grupo de cubanos con I-220A ha organizado una marcha hacia Washington para el 17 de octubre. Su objetivo es solicitar a la administración de Joe Biden una solución para regularizar su estatus y detener las deportaciones de aquellos que ingresaron con la orden I-220B, otro documento migratorio que también ha sido motivo de preocupación.
Lia Pérez, una de las organizadoras, explica la compleja situación: “Las personas que entraron por la frontera recibieron un documento equivocado y ahora las están deportando, mientras otros siguen entrando con parole humanitario”.
En enero de este año, un grupo de cubanos se manifestó frente a la Casa Blanca y fue recibido por la congresista republicana María Elvira Salazar. La representante del distrito 27 de Florida ha liderado una petición para presentar ante el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Su equipo ha solicitado la creación de una base de datos de cubanos con I-220A y prometió tomar acciones concretas en septiembre.
Hasta la fecha, no ha habido avances significativos en la promesa de Salazar, y muchos de los afectados continúan esperando una solución que les permita avanzar en sus vidas.
La orden I-220A no concede el estatus de parole, un requisito esencial bajo la Ley de Ajuste Cubano para que los ciudadanos cubanos puedan obtener la residencia. Esta orden simplemente permite que las personas permanezcan en libertad mientras sus casos están en proceso, sin ofrecer una vía clara hacia la regularización de su estatus.
