Nueva decisión migratoria en EEUU pone en riesgo de deportación a residentes cubanos con antecedentes penales
Una decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) de Estados Unidos, convertida en precedente el 27 de octubre de 2026, podría dificultar que residentes permanentes con antecedentes penales, incluidos cubanos, eviten la deportación. El fallo refuerza la importancia de demostrar rehabilitación mediante pruebas documentales, incluso cuando los afectados llevan décadas en el país y mantienen vínculos familiares.
Según la resolución Matter of Mata Rodríguez, publicada por el Departamento de Justicia (DOJ), el tribunal revocó la cancelación de deportación concedida al mexicano Erick Fernando Mata Rodríguez y ordenó su expulsión. La decisión original de la BIA fue emitida el 15 de septiembre y adquirió carácter de precedente por disposición del fiscal general estadounidense.
El caso comenzó con una resolución favorable del 11 de agosto de 2025. Entonces, un juez de inmigración consideró suficientes los años de residencia del solicitante, su llegada durante la infancia y sus relaciones familiares. También valoró su participación en actividades con jóvenes dentro de un gimnasio de boxeo y su asistencia a la iglesia.
Antecedentes penales y falta de rehabilitación determinan el fallo
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) apeló aquella decisión al considerar que los factores positivos no compensaban el historial delictivo. La BIA respaldó ese argumento tras revisar antecedentes relacionados con robo mediante entrada ilegal a un inmueble, posesión de sustancias controladas y episodios de agresión y acoso contra familiares.
El expediente también recogía incumplimientos de las condiciones de libertad condicional, problemas relacionados con obligaciones judiciales y multas pendientes. Algunas detenciones no terminaron en condenas, pero el tribunal sostuvo que las circunstancias documentadas podían valorarse al decidir sobre un beneficio migratorio discrecional.
Uno de los elementos determinantes fue la ausencia de pruebas objetivas de rehabilitación. Aunque Mata Rodríguez manifestó su intención de cambiar de conducta, los magistrados concluyeron que sus declaraciones no demostraban una transformación suficiente frente a sus antecedentes.
La junta señaló, además, que no presentó documentación sobre declaraciones de impuestos federales, empleo estable o cartas que acreditaran su buen carácter moral. Tampoco constaban pruebas de inscripción en el Servicio Selectivo ni propiedades a su nombre.
¿Qué significa esta decisión para los cubanos con Green Card?
El precedente afecta potencialmente a residentes permanentes cubanos que enfrenten procesos migratorios por determinadas infracciones penales. Tener una Green Card no garantiza protección absoluta contra la expulsión, aunque la persona haya construido su vida en territorio estadounidense.
La Sección 240A(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad permite solicitar la cancelación de deportación bajo requisitos específicos: cinco años como residente permanente, siete años de residencia continua tras una admisión legal y ausencia de condenas por delitos agravados.
Sin embargo, cumplir esas condiciones no garantiza obtener el beneficio. Los jueces deben valorar factores favorables y desfavorables. Además, ciertas infracciones pueden interrumpir el cómputo de residencia, mientras que la clasificación migratoria de cada condena requiere examinar el delito concreto.
Cubanos con antecedentes penales también enfrentan deportaciones a terceros países
La decisión surge en un contexto de expulsiones que también involucran a ciudadanos cubanos. El DHS incluyó a seis nacionales de la Isla en una lista de 20 extranjeros deportados a terceros países entre mayo y agosto de 2025, debido a que sus naciones de origen no los recibieron.
Los identificados fueron José Manuel Rodríguez Quiñones, Enrique Arias Hierro, Roberto Mosquera-Del Peral, Jhanmay Molina Pérez, Yosmel Luis Palomino Galán y Eugenio Douquesne-Millet. Según el DHS, los antecedentes recogidos en su publicación incluyen delitos como homicidio, secuestro, robo y narcotráfico. La agencia utilizó estos casos para justificar acuerdos de expulsión hacia países distintos de los de nacionalidad de los migrantes.
