Un juez federal en Texas ha bloqueado temporalmente el programa “Keeping Families Together”, una iniciativa de la administración Biden que buscaba regularizar a medio millón de indocumentados en Estados Unidos. El programa, implementado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), comenzó a operar el pasado 19 de agosto, permitiendo que cónyuges e hijastros de ciudadanos estadounidenses obtuvieran la residencia sin salir del país.
Sin embargo, una demanda interpuesta por 16 estados republicanos ha llevado al juez J. Campbell Barker a emitir una orden de suspensión por 14 días, durante los cuales se determinará el futuro del programa.
La suspensión temporal del programa fue decidida después de que los estados demandantes argumentaran que el parole in place implicaría un gasto significativo para los gobiernos estatales en servicios de salud, educación y seguridad. El juez Barker consideró estos argumentos suficientes para paralizar el programa mientras se lleva a cabo una audiencia en las próximas dos semanas, donde ambas partes presentarán sus argumentos.
El DHS había establecido requisitos específicos para los solicitantes, incluyendo una presencia física continua en Estados Unidos desde el 17 de junio de 2014, un matrimonio válido con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio de 2024, y la ausencia de antecedentes penales o amenazas para la seguridad pública. A pesar de estos lineamientos, los expedientes presentados con el formulario I-131 al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) quedan ahora en suspenso, a la espera de la decisión judicial.
El bloqueo del programa plantea preguntas sobre el poder judicial en Estados Unidos y su capacidad para frenar las acciones del presidente. La separación de poderes en el sistema estadounidense permite que el poder judicial actúe como un contrapeso al poder ejecutivo. Esta función incluye la “revisión judicial”, que permite a los tribunales declarar inconstitucionales o ilegales las acciones del gobierno, como lo sucedido en este caso con la orden del juez Barker.
La capacidad de un juez para suspender temporalmente la implementación de políticas federales es una parte crucial del sistema de controles y balances en Estados Unidos. Este proceso asegura que las acciones del ejecutivo cumplan con la Constitución y las leyes del país. Si el gobierno no está de acuerdo con la decisión del juez, tiene la opción de apelar a tribunales superiores, e incluso el caso podría llegar hasta la Corte Suprema.
La apelación es un recurso al que la administración Biden podría recurrir si busca reactivar el programa “Keeping Families Together”. Mientras tanto, los migrantes que esperaban beneficiarse del programa deberán esperar la resolución del conflicto legal, lo que añade incertidumbre a la ya complicada situación de miles de familias.
La situación actual es un ejemplo de cómo las políticas migratorias en Estados Unidos están en constante evolución y sujetas a cambios abruptos debido a decisiones judiciales. El futuro del programa “Keeping Families Together” está en manos de los tribunales, y la audiencia programada en los próximos días será determinante para su posible reactivación o suspensión definitiva.
Mientras tanto, los afectados por la decisión del juez Barker permanecen en un limbo legal, con sus esperanzas de regularizar su estatus migratorio detenidas por la batalla judicial en curso. La administración Biden, por su parte, defiende el programa como una medida necesaria para mantener unidas a las familias en territorio estadounidense.
Este caso subraya la importancia de la revisión judicial en el sistema estadounidense, donde incluso las órdenes presidenciales pueden ser desafiadas y detenidas si se considera que violan la Constitución o las leyes vigentes.
