El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció el 4 de septiembre de 2025 la creación de una fuerza policial propia con facultades para arrestar, portar armas y ejecutar órdenes de búsqueda vinculadas a violaciones migratorias. La medida, autorizada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal.
La decisión marca un cambio estructural en el funcionamiento de la agencia, que hasta ahora tenía un carácter administrativo. Con esta reforma, USCIS se posiciona como un ente con funciones plenas de aplicación de la ley migratoria.
Entre las nuevas atribuciones destacan la capacidad de arrestar a personas que incumplan las normas migratorias, investigar fraudes en solicitudes de residencia y ciudadanía, y supervisar tanto a los solicitantes como a los abogados involucrados en los procesos.
Hasta ahora, esas investigaciones eran transferidas a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de ICE. Con este cambio, USCIS podrá manejar los casos de manera más autónoma, ampliando su margen de acción en el sistema migratorio.
Joseph Edlow, director de USCIS, defendió la decisión asegurando que la agencia “siempre ha sido una entidad de aplicación de la ley” y que esta medida fortalece la misión de proteger la integridad del sistema migratorio estadounidense.
Edlow también señaló que la expansión de poderes permitirá combatir con mayor eficacia el fraude y acelerar los procesos de remoción de quienes intenten aprovecharse del sistema.
La nueva política se enmarca en la estrategia migratoria del presidente Donald Trump, que ha buscado endurecer el control de las fronteras y la aplicación de sanciones contra quienes violen las normas migratorias.
El cambio implica que USCIS dejará de ser un organismo limitado a revisar y procesar expedientes, para convertirse en una agencia con capacidad de investigación civil y penal.
El impacto alcanzará no solo a los inmigrantes que gestionen sus trámites, sino también a los abogados que los representan. El riesgo de ser investigados o sancionados podría modificar la relación entre solicitantes y defensores.
Analistas advierten que esta nueva función policial aumentará los casos de arrestos y deportaciones dentro del sistema migratorio, un escenario que podría generar mayor tensión entre las comunidades inmigrantes y las autoridades.
Con esta ampliación de competencias, USCIS suma un papel central en la política migratoria estadounidense, hasta ahora dominado por ICE y la Patrulla Fronteriza.
La medida refuerza la línea de mano dura de la actual administración, en un contexto en el que la migración irregular sigue siendo uno de los principales temas de debate político en Estados Unidos.
