EEUU busca retirar la ciudadanía a cubano por fraude de más de $886.000 a Medicare
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció acciones para retirar la ciudadanía estadounidense a diez inmigrantes naturalizados, entre ellos el cubano Yoskmaikel Rodriguez Perez, de 45 años, acusado de ocultar su participación en un fraude de más de 886.694 dólares contra Medicare cuando solicitó la naturalización.
Las autoridades federales sostienen que Rodriguez Perez proporcionó información falsa bajo juramento ante un funcionario migratorio y omitió datos sobre su conducta delictiva. El gobierno considera que esos hechos pudieron influir en la decisión que le permitió convertirse en ciudadano estadounidense en 2018.
El cubano había obtenido la residencia permanente en 2004. Antes de naturalizarse, operó una supuesta clínica médica que presentó reclamaciones fraudulentas al programa federal Medicare, de acuerdo con la información divulgada por el Departamento de Justicia.
Rodriguez Perez posteriormente se declaró culpable y recibió una condena por conspiración para cometer fraude sanitario y electrónico. Ese antecedente constituye ahora una de las bases utilizadas por las autoridades para solicitar judicialmente la anulación de su certificado de naturalización.
El gobierno federal presentó el 18 de junio de 2026 una demanda de cuatro cargos ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida. Los fiscales argumentan que Rodriguez Perez no cumplía con el requisito de buena conducta moral exigido para acceder a la ciudadanía y que obtuvo ese estatus mediante el ocultamiento de información relevante.
La presentación de la demanda no significa que el cubano haya perdido automáticamente la nacionalidad estadounidense. Un juez federal deberá estudiar los argumentos del gobierno y determinar si existen fundamentos legales suficientes para cancelar su naturalización.
El Departamento de Justicia también precisó que las demandas anunciadas contienen alegaciones sobre las cuales todavía no existe una determinación de responsabilidad civil. Los casos deberán seguir su curso ante los tribunales antes de que pueda producirse una decisión definitiva.
El fiscal general adjunto en funciones, Todd Blanche, calificó a los señalados como “extranjeros criminales que mintieron para obtener la ciudadanía estadounidense” y aseguró que el Departamento de Justicia continuará impulsando procedimientos de desnaturalización para proteger la integridad del sistema.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, sostuvo que quienes cometan fraude durante el proceso de naturalización pueden perder el derecho a conservar la ciudadanía estadounidense. Las declaraciones forman parte de una campaña federal para ampliar la revisión de casos en los que las autoridades sospechan que hubo ocultamiento o falsedad.
Otros ciudadanos de origen cubano han enfrentado procedimientos similares. En marzo, un tribunal federal retiró la ciudadanía a Mirelys Cabrera Diaz, residente de Hialeah, quien había sido condenada en 2019 a 29 meses de prisión por participar en un fraude que provocó pagos indebidos de más de seis millones de dólares de Medicare.
El gobierno también presentó en junio demandas contra las cubanas Leidys Delmas Garcia y Milagros Marileisis Acosta Torres. Delmas Garcia fue vinculada a una red de clínicas de terapia física que facturó alrededor de 36,7 millones de dólares por servicios considerados innecesarios o inexistentes. Acosta Torres fue señalada por supuestamente ocultar operaciones relacionadas con un fraude contra un casino de Florida.
La ofensiva forma parte de una política de la administración de Donald Trump para incrementar los procedimientos de desnaturalización. El Departamento de Justicia proyecta presentar al menos 250 casos durante el año fiscal 2026, que termina el 30 de septiembre, frente a un promedio de 11 demandas anuales entre 1990 y 2017. Cuba, además, figura entre los 19 países sometidos desde diciembre de 2025 a controles reforzados en trámites migratorios y de ciudadanía. “Apenas hemos arañado la superficie; muchas más demandas están por venir”, afirmó Brett A. Shumate, responsable de la División Civil del Departamento de Justicia.
