El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha lanzado una ofensiva legal contra el estado de Texas, en un intento por bloquear una nueva ley que ha generado amplio debate en todo el país.
La polémica ley SB4, impulsada por el gobernador republicano Greg Abbott, otorgaría a las fuerzas del orden el poder de detener a migrantes que crucen ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos, además de permitir a los jueces estatales ordenar su deportación. Presentada el miércoles en un tribunal federal de Austin, la demanda del DOJ marca un claro enfrentamiento entre autoridades estatales y federales sobre el control y la regulación de la inmigración.
Esta medida, programada para entrar en vigor en marzo, ha sido criticada por el DOJ por considerarla inconstitucional, argumentando que usurpa competencias que corresponden exclusivamente al gobierno federal en materia de regulación de la inmigración y gestión de las fronteras. La fiscal general asociada Vanita Gupta destacó en un comunicado que la ley desafía la Cláusula de Supremacía de la Constitución y los precedentes de la Corte Suprema, los cuales establecen que los estados no pueden implementar leyes de inmigración que interfieran con las políticas federales.
El litigio busca invalidar la SB4, alegando que contraviene el marco legal federal establecido por el Congreso para la entrada y salida de no ciudadanos en Estados Unidos. El Departamento de Justicia, apoyándose en la autoridad constitucional que otorga al gobierno federal el control sobre las políticas de inmigración, espera obtener una orden judicial que prohíba a Texas hacer cumplir esta controvertida ley.
Según el fiscal adjunto principal Brian M. Boynton, Texas está ignorando deliberadamente la Constitución y los mandatos de la Corte Suprema al tratar de implementar su propia política de inmigración. La demanda subraya la importancia de que los estados se adhieran a las directrices federales en esta materia, respetando así el sistema legal y constitucional del país.
La ley SB4 no solo crearía nuevos delitos estatales relacionados con la inmigración, sino que también otorgaría a los jueces estatales un poder sin precedentes para ordenar la expulsión de migrantes del país. Este aspecto de la ley es particularmente preocupante para el DOJ, ya que podría entorpecer la capacidad del gobierno federal para administrar las leyes de inmigración de manera efectiva y mantener relaciones diplomáticas coherentes con otros países.
La demanda fue presentada en nombre de varias agencias federales, incluidos el propio Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, reflejando la seriedad con la que el gobierno federal está abordando este desafío a su autoridad.
Este enfrentamiento legal entre el gobierno de Estados Unidos y el estado de Texas es un claro ejemplo de las tensiones que pueden surgir en un sistema federalista cuando se trata de políticas de inmigración, un tema que sigue siendo fuente de división y debate intenso en la política estadounidense.
BREAKING: The Biden administration DOJ just sued Texas over its new border security bill, SB4, which would allow TX authorities to arrest and jail people suspect of crossing illegally into TX, and would seek to give judges authority to deport. Law set to go into effect in March.
— Bill Melugin (@BillMelugin_) January 3, 2024
