El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) reiteró que los inmigrantes de Cuba, Haití y Nicaragua que ingresaron al país bajo el programa de parole humanitario desde el 6 de enero de 2023 deben ajustar su estatus migratorio antes de que venza el plazo de dos años de permanencia. De no hacerlo, enfrentarán procedimientos de deportación.
El programa, implementado durante la administración de Joe Biden, ofrece una estancia temporal a migrantes de estos países, pero establece que deben encontrar alternativas legales para permanecer en EE.UU. Entre las opciones disponibles, los cubanos pueden solicitar la residencia permanente a través de la Ley de Ajuste Cubano.
Sin embargo, si transcurridos los 24 meses no se ha logrado cambiar el estatus migratorio, los beneficiarios estarán obligados a abandonar el país o enfrentarán procesos de deportación. Esta medida afecta a cerca de medio millón de personas que llegaron por esta vía.
El parole humanitario, originalmente diseñado para ciudadanos ucranianos en 2022, fue ampliado para responder al aumento de la migración en la frontera sur. Venezolanos fueron los primeros beneficiarios de esta extensión en octubre de 2022, seguidos por ciudadanos de Cuba, Haití y Nicaragua.
Desde la implementación de este programa, más de 531.000 personas de estos cuatro países han ingresado legalmente a Estados Unidos. Específicamente, 110.240 cubanos han entrado con este mecanismo, tras la aprobación de 110.970 solicitudes.
Los venezolanos, cuyos plazos comenzaron a expirar en octubre de 2024, buscan alternativas como el Estatus de Protección Temporal (TPS). Otros migrantes están recurriendo a solicitudes de asilo u otros beneficios.
Según José Guerrero, abogado de inmigración en Miami, algunos migrantes enfrentan obstáculos en el proceso de ajuste por problemas con las huellas biométricas, necesarias para validar los trámites migratorios. “Quienes trabajan intensamente con sus manos a menudo ven rechazadas sus huellas. En esos casos, el proceso puede completarse a través del FBI o con antecedentes penales”, explicó Guerrero.
Además, algunos solicitantes deben presentar antecedentes penales de todas las ciudades donde han vivido más de seis meses durante su permanencia en EE.UU.
El rol de los patrocinadores también es clave en este proceso. Ezequiel Hernández, abogado en Phoenix, subrayó que los patrocinadores deben garantizar que los migrantes no se conviertan en una carga pública, cubriendo gastos de vivienda, alimentación y atención médica.
A pesar de estas responsabilidades, el DHS aclara que los patrocinadores no serán penalizados si los beneficiarios permanecen en el país tras el vencimiento del parole. “El gobierno puede contactarlos para conocer el paradero del inmigrante, pero no enfrentarán arrestos ni sanciones”, aseguró Hernández.
Los beneficiarios cubanos del parole deben estar atentos a los plazos y asegurarse de iniciar los trámites correspondientes con antelación. De no hacerlo, podrían perder la posibilidad de ajustar su estatus y quedar expuestos a la deportación.
Con casi 111.000 cubanos acogidos bajo este programa, las implicaciones de esta medida podrían tener un impacto significativo en la comunidad migrante. Los abogados recomiendan actuar con rapidez y buscar asesoría legal para evitar complicaciones.
