Según el jefe de la Patrulla Fronteriza, Michael W. Banks, el individuo se presentó ante los oficiales sin intentar ocultar su identidad ni su presencia en el control.
Este caso resalta las complicaciones de los migrantes cubanos que intentan cumplir con los requisitos legales para residir en Estados Unidos mientras navegan por políticas migratorias cada vez más estrictas bajo la administración de Donald Trump.
En países como España, se permite mantener ambas ciudadanías sin renunciar a ninguna, mientras que en Cuba, la Constitución reconoce que la adquisición de otra nacionalidad no implica la pérdida de la cubana.
La orden I-220B, comúnmente conocida como orden de deportación supervisada, significa que aunque el individuo no está detenido, su situación migratoria es precaria.