
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una nueva propuesta de pago directo de 2.000 dólares para la mayoría de los estadounidenses, financiado con los ingresos provenientes de los aranceles impuestos por su gobierno. En su mensaje a través de la red social Truth Social, Trump destacó que solo “los ricos” quedarían excluidos de esta ayuda, aunque no especificó los requisitos exactos.
Trump defendió nuevamente su política arancelaria, asegurando que los aranceles están recaudando “trillones” de dólares que, en su opinión, permitirían comenzar a reducir la deuda nacional de 37 billones de dólares. Además, afirmó que la economía de EE. UU. está mostrando inversión récord, con máximos históricos en la bolsa y una inflación controlada. A pesar de las críticas, Trump calificó de “tontos” a aquellos que cuestionan sus aranceles.
La propuesta llega en un momento de tensiones políticas y judiciales. La Corte Suprema de Estados Unidos está analizando la legalidad de los aranceles globales impuestos bajo la figura de emergencia. Algunos jueces expresaron dudas sobre el uso de los aranceles como medida recaudatoria, lo que podría redefinir el alcance del poder presidencial en materia de comercio.
Si la Corte determina que los aranceles fueron ilegales, el gobierno podría verse obligado a devolver más de 100.000 millones de dólares a los importadores.
Mientras tanto, dentro de la administración, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha enfatizado que los aranceles no deberían ser utilizados para financiar pagos directos a la población. Bessent subrayó que el objetivo principal de los aranceles es “rebalancear” el comercio y fortalecer la producción y el empleo industrial. Además, señaló que cualquier plan de este tipo requeriría la aprobación del Congreso.
Las dudas sobre la viabilidad del plan se intensifican al considerar las cifras actuales. Según datos del Departamento del Tesoro, la recaudación por aranceles en los primeros tres trimestres del año ascendió a cerca de 195.000 millones de dólares, y las estimaciones anuales ubican esa cifra entre 300.000 y 400.000 millones.
Si se incluyeran a los menores, el costo total de la medida podría superar los 500.000 millones de dólares, lo que pondría presión sobre las finanzas del gobierno.
El costo real de la propuesta también depende de las exclusiones. Según cálculos de expertos como Erica York de la Tax Foundation, si se excluye a aquellos con ingresos superiores a 100.000 dólares, unos 150 millones de adultos podrían beneficiarse, lo que implicaría un gasto aproximado de 300.000 millones de dólares. Sin embargo, la mayor parte de esos fondos provendría de más deuda, lo que podría generar preocupaciones adicionales sobre el impacto fiscal.
La propuesta de Trump no es la primera de su tipo. A lo largo de este año, el presidente ha sugerido pagos directos de entre 1.000 y 2.000 dólares, ligados a los ingresos de los aranceles. Sin embargo, estas iniciativas no se concretaron, mientras que el déficit fiscal siguió aumentando. La actual propuesta de Trump sobre el “dividendo” de 2.000 dólares refleja la constante tensión entre las promesas de apoyo económico directo y las realidades fiscales y judiciales del país.





