Ningún cubano obtuvo la aprobación de parole humanitario en noviembre, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) dejó sin respuesta a cientos de miles de solicitantes que habían presentado el formulario I-134A para ingresar legalmente a Estados Unidos. Esta paralización ocurre en medio de un clima político incierto y tras resultados desfavorables para los demócratas en las elecciones.
El mes pasado solo se aprobaron 50 visas humanitarias en total para las nacionalidades incluidas en el programa: cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses. Sin embargo, los cubanos no obtuvieron ninguna aprobación. Además, se cancelaron 660 permisos de vuelo, la mayoría correspondientes a ciudadanos haitianos (600).
Desde su lanzamiento en enero de 2023, el programa de parole humanitario permitió la entrada legal a Estados Unidos de 110.240 cubanos. No obstante, noviembre fue el primer mes sin nuevas llegadas o aprobaciones. En cambio, las autoridades revocaron 10 autorizos de vuelo previamente otorgados a cubanos, reflejando un escrutinio más estricto sobre los expedientes.
Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) continúan revisando los casos, detectando irregularidades como documentos falsificados y patrocinadores sin la solvencia económica necesaria. Algunas solicitudes se originaron desde la misma dirección IP, lo que ha levantado sospechas sobre posibles redes de tráfico humano.
Según Periódico Cubano, más de 600.000 cubanos esperan respuesta a sus solicitudes de parole. La desigualdad en la distribución de visados es evidente: los haitianos han representado el 40% de las entradas legales, mientras que los cubanos solo el 20.5%, a pesar de que el programa prometía un reparto equitativo entre las cuatro nacionalidades beneficiadas.
Desde agosto de 2024, la administración Biden ralentizó las aprobaciones, citando revisiones internas y reportes de irregularidades. Las críticas se centran en la falta de mecanismos eficaces para verificar la legitimidad de los patrocinadores y beneficiarios.
La incertidumbre crece a medida que se aproxima la toma de posesión de Donald Trump, quien ha prometido eliminar el programa de parole humanitario. Las posibilidades de los solicitantes de recibir una respuesta favorable se reducen conforme se afianza la perspectiva de un cambio de administración.
El DHS defiende el programa al afirmar que ha contribuido a una reducción del 98% en los cruces irregulares en la frontera sur. Sin embargo, la falta de transparencia y los cambios abruptos en la implementación han generado frustración entre los solicitantes.
La cancelación de permisos de vuelo y la ausencia de nuevas aprobaciones reflejan un endurecimiento en las políticas migratorias, lo que podría traducirse en un freno definitivo si se confirma la promesa de Trump de acabar con el programa.
Los cubanos que esperan una resolución ven cómo sus esperanzas se diluyen en medio de un proceso cada vez más restrictivo. La falta de alternativas legales y el endurecimiento de las medidas podrían fomentar el retorno de vías irregulares, poniendo en riesgo la seguridad de quienes buscan una salida.
A pesar de los obstáculos, el programa ha permitido la llegada segura de más de medio millón de personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela desde su implementación. El futuro de estos programas depende ahora del rumbo político que tome Estados Unidos en los próximos meses.
