El DHS suspende el parole humanitario: miles de migrantes cubanos en riesgo de deportación
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció el fin definitivo del programa de parole humanitario y de permisos de trabajo otorgados a más de 530.000 beneficiarios, una medida que afecta a migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La decisión se produjo tras una larga batalla legal que culminó el 30 de mayo pasado, cuando la Corte Suprema dictó fallo a favor del presidente Donald Trump, validando la suspensión del programa que había sido implementado por la administración Biden.
El DHS justificó la anulación del parole como una medida para “restaurar políticas sensatas” y mejorar la seguridad pública, criticando la gestión del presidente Biden por haber permitido la entrada de migrantes sin una verificación adecuada, lo que, según la agencia, aumentaba la competencia por empleos y afectaba a los ciudadanos estadounidenses. Tricia McLaughlin, subsecretaria asistente del DHS, señaló además que algunos casos de fraude fueron identificados en el marco del programa, aunque reconoció que la administración anterior había sido presionada políticamente para promoverlo.
El programa de parole había sido lanzado en 2022 como una alternativa humanitaria para aquellos migrantes provenientes de países en crisis. A través de este mecanismo, los solicitantes debían contar con un patrocinador financiero, someterse a verificaciones de antecedentes y salud, y viajar por vía aérea. A pesar de sus objetivos humanitarios, la medida dejó a muchos migrantes en un limbo legal, especialmente a los más de 110.000 cubanos que llegaron a EE.UU. bajo este programa.
De acuerdo con el DHS, aquellos migrantes que no hayan ajustado su estatus migratorio en el tiempo que duró su visa ahora deben abandonar el país. Para facilitar su salida, la agencia ha lanzado la aplicación CBP Home, que ofrece asistencia para la compra de boletos aéreos de regreso a los países de origen, junto con una compensación de 1.000 dólares por la salida voluntaria.
La decisión de suspender el parole afecta especialmente a miles de cubanos que se habían establecido en el sur de Florida, en busca de mejores oportunidades laborales y mayor seguridad. La anulación del programa pone en peligro su estatus migratorio, dejando a muchos de ellos expuestos a las redadas migratorias ejecutadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
En este contexto, el DHS ha instado a los migrantes a optar por la “auto-deportación”, ofreciendo la mencionada asistencia para el regreso voluntario a sus países de origen. Aunque algunos migrantes cubanos ya han logrado ajustar su estatus migratorio mediante la Ley de Ajuste Cubano, se estima que hasta abril de 2025, alrededor de 26.000 cubanos aún no cumplirán con el requisito de un año y un día, lo que los deja fuera del proceso de residencia permanente en EE.UU.
Este anuncio ha desatado una fuerte polémica, ya que pone en evidencia las tensiones políticas y las discrepancias en las políticas migratorias entre las administraciones Trump y Biden. Además, la medida ha generado preocupación entre los migrantes que, a pesar de haberse acogido a una vía legal, ahora se enfrentan a la incertidumbre y el riesgo de ser deportados.
El programa de parole había permitido la entrada legal de 531.690 personas hasta diciembre de 2024, distribuidos entre cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Sin embargo, la suspensión repentina de esta vía de acceso a Estados Unidos ha dejado en una situación de vulnerabilidad a miles de migrantes que, tras haber llegado al país en busca de una nueva vida, ahora se ven obligados a hacer frente a una nueva amenaza de expulsión.
Este giro en las políticas migratorias sigue siendo un tema candente, especialmente para aquellos cubanos que, al igual que muchos otros migrantes, llegaron con la esperanza de encontrar un futuro mejor en Estados Unidos. La incertidumbre sobre su futuro sigue siendo una realidad difícil de afrontar en un contexto migratorio cada vez más restrictivo.
