Donald Trump, en su discurso de investidura como el 47.º presidente de Estados Unidos, anunció la firma de un decreto que establece una emergencia en la frontera sur del país. La medida, ejecutada el mismo día de su toma de posesión, tiene como objetivo reforzar la seguridad fronteriza y combatir lo que el mandatario describió como una “invasión” de inmigrantes.
La emergencia incluye el despliegue de tropas militares, la reanudación de la construcción del muro fronterizo y la reinstauración del programa “Quédate en México” (MPP, por sus siglas en inglés), que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en territorio mexicano mientras se resuelven sus casos.
Trump también declaró que clasificará a ciertos cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas, lo que podría permitir incursiones en territorio mexicano. “La seguridad de Estados Unidos está primero”, afirmó el mandatario al detallar que esta decisión facilitará operaciones más agresivas contra redes criminales responsables del tráfico de drogas y personas.
La declaración de emergencia, firmada sin la necesidad de aprobación del Congreso, movilizará recursos federales para garantizar su implementación inmediata. Esto incluye el despliegue de las fuerzas armadas en labores de vigilancia y refuerzo en áreas de alta afluencia migratoria. Además, se reanudará la construcción del muro fronterizo, un proyecto que fue la bandera de su primera administración.
El programa “Quédate en México”, eliminado en 2022 durante el mandato de Joe Biden, fue objeto de fuertes críticas por parte de organizaciones humanitarias debido a las condiciones precarias en que los migrantes esperaban sus procesos legales. México ya ha manifestado su rechazo a la reinstauración de esta política. En un comunicado oficial, las autoridades calificaron la decisión como “unilateral” y anunciaron que evaluarán las implicaciones legales y humanitarias para su territorio.
En un giro que impacta directamente a la comunidad migrante, Trump también confirmó la eliminación inmediata de los programas CBP One y el parole humanitario. Estas iniciativas, implementadas durante la administración Biden, facilitaron la entrada legal de 1.3 millones de personas, incluyendo miles de cubanos. El parole humanitario, en particular, permitió el ingreso mensual de hasta 30.000 migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití con permisos de trabajo por dos años.
Organizaciones de derechos humanos han advertido sobre las implicaciones humanitarias de estas decisiones, señalando que miles de beneficiarios podrían quedar en situación de vulnerabilidad al perder su estatus legal en Estados Unidos. Además, las medidas podrían enfrentar desafíos legales que retrasen su aplicación.
El anuncio de Trump ya genera tensión en la relación entre Estados Unidos y México, así como incertidumbre entre miles de migrantes que han establecido sus vidas bajo los programas eliminados. La reanudación del muro y el retorno de las políticas más estrictas contra la inmigración marcan un retorno a las estrategias de su primer mandato, que polarizaron tanto a la opinión pública como a los gobiernos de la región.
Las medidas también representan un reto logístico para las agencias migratorias, que enfrentan el desafío de gestionar la transición mientras se prevé un aumento en los flujos migratorios y en las solicitudes de asilo.
