El gobierno de Estados Unidos puso en marcha esta semana un programa piloto que permitirá exigir fianzas de entre 100.000 y 250.000 dólares a determinados solicitantes de visas de inmigrante considerados posibles “cargas públicas”. La iniciativa comenzó en República Dominicana y busca permitir que personas rechazadas por motivos económicos puedan obtener el documento si garantizan su autosuficiencia financiera.
De acuerdo con Bloomberg Law, el mecanismo se aplicará a extranjeros declarados inadmisibles bajo la sección 212(a)(4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, relacionada con la causal de carga pública. Los solicitantes deberán cumplir con todos los demás requisitos establecidos para recibir una visa de inmigrante.
Los funcionarios consulares determinarán el monto de la garantía después de evaluar cada expediente. Las cantidades contempladas van desde 100.000 hasta 250.000 dólares, por lo que el requisito económico podría convertirse en un factor determinante para quienes intenten revertir una negativa previa.
Una vez establecida la cantidad, el interesado tendrá que gestionar la fianza ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) mediante el Formulario I-945. La aprobación de ese trámite permitirá continuar el procesamiento consular del caso.
Si USCIS acepta la garantía, el consulado podrá conceder una visa que previamente había sido rechazada debido a la causal de carga pública. El depósito permanecerá vigente hasta que las autoridades estadounidenses determinen su cancelación o concluyan que el beneficiario incumplió las condiciones establecidas.
Este programa para visas de inmigrante funciona de manera independiente al mecanismo de fianzas aplicado a determinadas visas B1/B2 de negocios y turismo. Ese sistema se convirtió en permanente el 3 de agosto y contempla depósitos de 10.000, 15.000 o 20.000 dólares, según la evaluación consular.
Cuba figura entre los 50 países incluidos en el esquema de garantías para determinadas visas B1/B2. Los ciudadanos cubanos fueron incorporados en enero de 2026, junto con venezolanos y nacionales de otros países afectados por el requisito.
Washington decidió mantener ese mecanismo después de evaluar los resultados del programa piloto iniciado en 2025. Según los datos divulgados, las infracciones vinculadas con visas habrían pasado de casi 45.500 durante 2024 a menos de 50 durante los primeros diez meses de funcionamiento.
El endurecimiento también tuvo consecuencias sobre la cantidad de documentos emitidos. Cerca de la mitad de unas 20.000 solicitudes sometidas al requisito no completó el depósito correspondiente, mientras que la emisión de visas para los países incluidos en el programa cayó un 83%.
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, defendió la política al señalar que la administración Trump busca restablecer la expectativa de que los inmigrantes que lleguen a Estados Unidos contribuyan a la sociedad más de lo que reciben de ella.
La medida también ha generado críticas entre especialistas en inmigración. Sharvari Dalal-Dheini, directora de relaciones gubernamentales de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, cuestionó que las elevadas cantidades puedan limitar el acceso al sistema migratorio según la capacidad económica de cada solicitante.
Para los cubanos, las nuevas disposiciones se suman a las restricciones aplicadas desde 2025 sobre determinadas visas B-1/B-2, F, M y J y a otras limitaciones aprobadas por Washington. Además, una nueva política federal sobre carga pública entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026 y ampliará la discreción de las autoridades para considerar el uso de determinados beneficios públicos al decidir solicitudes de residencia permanente.
