La Abogacía del Estado de España advirtió al Tribunal Supremo que el Consulado General de España en La Habana difícilmente podrá revisar antes del plazo electoral los expedientes relacionados con la llamada Ley de Nietos afectados por una suspensión cautelar. La advertencia forma parte del recurso presentado por el Gobierno español para intentar modificar las medidas adoptadas por el alto tribunal el pasado 10 de septiembre.
La situación genera preocupación entre miles de cubanos beneficiados por la nacionalidad española bajo la Ley de Memoria Democrática, aunque la medida judicial no implica la pérdida de ciudadanías ya concedidas ni la paralización de los trámites pendientes.
El conflicto se centra en los efectos electorales de algunas nacionalidades otorgadas desde 2022 mediante una interpretación administrativa que permitió reconocer como exiliados a determinados descendientes de españoles. El Supremo estableció que, para conservar el derecho al voto, los ciudadanos deberán demostrar que sus familiares sufrieron exilio por las causas contempladas en la legislación.
Según reveló El Español, la Abogacía del Estado considera que varios consulados, entre ellos el de La Habana, no podrán completar la revisión de expedientes antes del 1 de enero de 2027, fecha en la que se cerrará el censo electoral utilizado para las elecciones autonómicas españolas previstas para mayo de ese año.
El recurso presentado por el Gobierno español señala que los consulados de La Habana, Rosario, Buenos Aires, Ciudad de México, Caracas y Mendoza se encuentran entre las oficinas donde “no parece factible” concluir las revisiones dentro del plazo establecido.
El documento atribuye esta dificultad al elevado volumen de trabajo acumulado y menciona factores adicionales como cortes de electricidad, falta de combustible y efectos de desastres naturales. Estas circunstancias tienen especial impacto en Cuba, donde los apagones y la crisis energética han afectado el funcionamiento de instituciones y servicios.
El Consulado español en La Habana ya había reconocido anteriormente retrasos importantes en la tramitación de solicitudes debido a la cantidad de expedientes recibidos bajo la Ley de Memoria Democrática.
La Abogacía del Estado calcula que 168.896 personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) están afectadas por la suspensión cautelar. De ese grupo, 142.739 corresponden a 16 oficinas consulares, que concentran la mayoría de los casos.
El Gobierno español sostiene que suspender el derecho al voto de estos ciudadanos mientras mantienen una nacionalidad válida resulta desproporcionado. También argumenta que la participación electoral desde el exterior ha sido históricamente baja y que el crecimiento del censo no representa por sí solo un riesgo para los procesos electorales.
El Tribunal Supremo justificó sus medidas cautelares por el aumento del número de electores y por las dudas planteadas en los recursos presentados por Vox e Iustitia Europa sobre la interpretación aplicada para conceder algunas nacionalidades.
La controversia está relacionada con una instrucción del Ministerio de Justicia que permitió presumir la condición de exiliados a españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin exigir que cada descendiente demostrara individualmente las causas del exilio.
Para quienes todavía esperan citas, resoluciones o inscripciones en Cuba, el proceso continúa abierto. El Ministerio de Asuntos Exteriores español mantiene que los expedientes iniciados dentro del plazo legal siguen su curso.
Los datos oficiales hasta el 31 de mayo de 2026 indican que los consulados españoles habían recibido 1.225.188 solicitudes bajo la Ley de Memoria Democrática, con 571.761 expedientes aprobados y 333.696 inscripciones realizadas.
La presión administrativa continúa siendo especialmente elevada en La Habana, donde España incorporó personal adicional para atender la acumulación de solicitudes. Ahora, además de procesar nuevos casos, el Consulado podría tener que revisar expedientes ya resueltos para determinar cuáles cumplen los criterios establecidos por el Supremo.
El alto tribunal deberá decidir si mantiene o modifica las medidas cautelares mientras analiza el fondo del litigio. Hasta ese momento, las nacionalidades españolas concedidas permanecen vigentes y la disputa se limita a determinados efectos electorales asociados a esos reconocimientos.
